Movilización indígena en Ecuador

El paro nacional convocado por la CONAIE y arropado por otras organizaciones indígenas, estudiantiles, obreras, llega a su décimo día.

El presidente Lasso ha declarado el viernes el estado de excepción en varios territorios.

Cuando se iba a reunir la Asamblea Nacional (Congreso) con una petición de anular dichas medidas contrarias a la Constitución, el Gobierno ha emitido otro decreto distinto ampliando la excepción, para así dilatar burocráticamente la posibilidad de que la Asamblea rechace formalmente y anule el decreto.

El presidente de la CONAIE fue arbitrariamente encarcelado, y una jueza decretó su libertad tras 24 horas. Posteriormente recibió un atentado de bala contra su vehículo, en el marco de la extremada compaña de racismo auspiciada por diversos medios.

La represión se denuncia en varios de los territorios de Selva, Sierra y Costa donde la movilización se desarrolla.

La movilización rechaza:

- Desabastecimiento del sistema de salud pública;

- Bajo acceso a las universidades, mala infraestructura educativa;

- Violencia, inseguridad y corrupción;

- Alto precio de los combustibles;

- Subida de los precios de los productos de primera necesidad;

- Bajo precio de los productos agropecuarios y abandono del campo;

- Altos intereses de las deudas en bancos y cooperativas;

- Irrespeto a los derechos laborales;

- Minería en territorios indígenas, reservas y áreas protegidas;

- Politización de los 21 derechos colectivos;

- Privatización del patrimonio de todos los ecuatorianos/as.

Frente a ello van las demandas que el movimiento había tratado de dialogar por tres veces consecutivas en varios meses, pero que el Gobierno no ha querido escuchar:

1.- Rechazo al precio de los combustibles.

2.- Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativas.

3.- Precios justos en los productos del campo en las tres regiones del país, subsidio agrícola y no firmas de TLC que destruyen la producción nacional.

4. Empleo, derechos laborales, libertad de sindicalización y organización de la clase trabajadora.

5. No a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas.

6.- Respeto a los 21 derechos colectivos: educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.

7.- Alto a la privatización del patrimonio nacional y no al sometimiento de los tribunales internacionales como el CIADI.

8.- Políticas de control de precios en la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.

9.- Presupuesto urgente para salud y educación.

10.- Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra a Ecuador.

La Defensoría del Pueblo recuerda a las instituciones estatales y a la fuerza pública que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos.

En rueda de prensa las organizaciones sociales FENOCIN, FEINE, FEI, FENOC declaraban que el #ParoNacional sigue con fuerza, y hacían un llamado a que la Asamblea Nacional revoque el decreto de estado de excepción.

Mientras tanto que los medios comerciales y oficiales se hacen eco de una supuesta histeria (con fuertes expresiones de racismo) en la capital Quito, ante el temor de que la movilización llegue a la ciudad, como ya ocurriera en el estallido de octubre de 2019.

La respuesta de las organizaciones es que “los indios no llegan” a Quito, sino que nunca se fueron de allí: el nombre Quito o el de la provincia Pichincha son indígenas y responden a la cultura indígena.

En cambio, el asalto brutal policial a la Casa de Cultura de Quito, rompiendo puertas y cerraduras, no ocurría desde la dictadura de hace 42 años.

Es un hecho de barbaridad que ha conmocionado a la ciudadanía que se ha congregado para mostrar la fealdad de la acción contra este hermoso lugar de las Culturas.

El allanamiento fue rechazado por el presidente de la Sede Nacional Fernando Cerón, quien junto con artistas, gestores y trabajadores de la cultura de Quito convocaron a una vigilia en rechazo a la intervención policial y en defensa del patrimonio cultural.

La cinemateca nacional, con 15.000 archivos audiovisuales, fue puesta en peligro por esta acción irregular supuestamente amparada en el estado de excepción decretado por Lasso.

Esta semana comenzaron las fiestas del Inti Raymi, el año nuevo andino, basado en la espiritualidad y cosmovisión de los pueblos que habitan Ecuador y el resto de países andino-amazónicos, así como otras culturas como el pueblo mapuche de Chile y Argentina.

Hace pocos días, de manera previa al Inti Raymi, más de mil personas ecuatorianas se reunían en La Joécara, Langreo, con las danzas y ceremonias propias del anuncio del año nuevo indígena.

El consejo local de Solidaridad de Langreo decidía enviar una nota de saludo a la abundante migración ecuatoriana por este motivo.