Ecuador: otra vez lecciones del movimiento indígena

Hoy, lunes, 4 de julio, se ha convocado un plantón en el complejo judicial de Latacunga de apoyo y solidaridad con Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, acusado injustamente por el Gobierno que quiere seguir criminalizando la protesta social.

Puede resultar extemporáneo y extraño, dado que el último día de junio se lograba un “pacto de paz” entre la movilización indígena y popular de tres semanas de duración y el Gobierno de Lasso que incluía 90 días de conversaciones para seguimiento de si se cumplía o no con los asuntos pactados.

Las valoraciones sobre lo conseguido en esta nueva movilización tendrán un reposo necesario para que el análisis sea certero, pero el regreso de los indígenas a las comunidades se ha dado con un color y sabor de fiesta y celebración; con aires de triunfo.

Fruto del acuerdo hay decretos que se han anulado sobre la actividad petrolera en la Amazonía, modificaciones para frenar las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios ancestrales de pueblos indígenas, algunos subsidios mensuales para las familias más pobres y condonación de deudas que se han aumentado, y algunos centavos de rebaja al precio del combustible.

Pese a confrontar la CONAIE una de las mayores represiones policiales, judiciales y militares, ha salido airosa en su capacidad de organización y movilización, que en palabras posteriores de autocrítica de su presidente corresponde aumentar y fortalecer en todas sus comunidades de base.

El tira y afloja con el Gobierno del banquero Lasso puede decirse que es habitual en otros gobiernos y otros contextos: varias entrevistas, audiencias, con el Gobierno en diversos meses, no tuvieron por resultado ningún acuerdo. Ahora lo hay (tras 18 días de paro, 6 muertos, centenares de heridos y detenidos…), otra cosa es que se logre cumplimiento pleno.

Las alianzas forjadas por el movimiento indígena van también en aumento. Educadores, organizaciones sindicales diversas, movimiento estudiantil, gremios del transporte se adhirieron de forma directa.

La movilización indígena y popular se realizó en todas las provincias del país, y una parte de esa movilización confluyó hacia la ciudad de Quito, donde el Gobierno allanó con fuerzas policiales y militares a las universidades que alojaron a los marchistas, y la Casa de Cultura emblemática de la capital, para impedir la llegada de manifestantes, violentando la autonomía universitaria, y los espacios públicos que tradicionalmente le han servido también al movimiento indígena en su larga historia de luchas.

Durante la movilización, y sin contar con quienes la promovían, se produjo en la Asamblea Nacional (Congreso) un intento de destitución de Lasso, en la llamada “muerte cruzada”, mecanismo previsto para casos especiales, que hace dimitir al presidente y convocar nuevas elecciones también legislativas.

Resultaría obvio que para una iniciativa como esta hay que conseguir todas las alianzas previas para que resulte exitosa: de lo contrario, al poder realizarse una única vez, se le otorga cierta mayor impunidad a Lasso, como así ha ocurrido.

La dirigencia indígena había indicado que ese no era el objetivo de la movilización.

El partido denominado “correísta” ha tratado de ineficaz manera de apropiarse indebidamente de la situación y el resultado ha sido negativo y contraproducente.

El Paro Nacional ha sido conducido por parte de la CONAIE de manera impecable en todas las provincias.

No estaba en agenda ningún planteamiento insurreccional, sino una potente resistencia y confrontación a las agendas económicas neoliberales y extractivistas derivadas de las imposiciones del FMI.

Una lucha consecuente que viene de largo contra el extractivismo minero-petrolero, unido a la práctica de una democracia comunitaria sustentada en las decisiones desde las bases populares y la autonomía local y regional.

Para muchos analistas la CONAIE ha triunfado, porque ha logrado enfrentar la durísima represión vengativa de Lasso, ha obligado al Gobierno a sentarse en la mesa de negociación y le ha arrancado al Gobierno reivindicaciones significativas, derrotando con amplitud la campaña racista emprendida desde el Ejecutivo y las empresas de propaganda que le sustentan.

Corresponde respaldar esta lucha indígena y popular en Ecuador, solidarizarnos con sus organizaciones y aprender de sus experiencias.

Conocida la trayectoria del movimiento indígena y popular en Ecuador, nadie puede jugar con los 90 días de plazo acordados para revisión y seguimiento del contenido del pacto: han dejado claro que de no cumplirse la movilización volverá.

Hoy, lunes, en la audiencia-venganza contra Leonidas Iza (cuya intempestiva detención hizo aumentar la movilización) se volverán a ver las caras: el racismo institucional que niega los derechos esenciales al pueblo ecuatoriano, y las diversidades étnico-populares que sí reconoce la Constitución de Montecristi, la vigente ley mayor ecuatoriana, que incorporó en su día el “Buen Vivir” de la cosmovisión indígena:

“Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay... Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro–, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra…”.