Objeción de conciencia, un objetivo a eliminar
Un considerable número de miembros del Consejo de Europa pretendió el 7 de octubre pasado imponer un veto real y efectivo a la libertad de conciencia. Se trataba de imponer al personal sanitario que renunciara a la objeción de conciencia frente al «derecho al aborto». Indudablemente, con anterioridad a esta sesión plenaria se movilizaron varias organizaciones para frenar este nuevo intento tiránico de represión de la libertad. El «informe McCafferty» (que excluía la objeción de conciencia) fue sometido a votación, siendo rechazado en la Asamblea Plenaria del Consejo Europeo por 56 votos contra 51 y tres abstenciones. En su lugar el nuevo texto cita: «ninguna persona, ni hospital, ni institución serán obligadas, hechas responsables o discriminadas de ninguna forma por su negativa a efectuar, ayudar o someterse a un aborto». Lo que se pretendía en esa votación era imponer el falso derecho al aborto por encima de la propia conciencia. En concreto, se ha intentado si bien sin éxito, entre otros objetivos, que el paciente tuviera derecho legal al aborto a pesar de la objeción de conciencia de los sanitarios; privar a las instituciones públicas estatales: hospitales y clínicas públicas en su conjunto, de la garantía del derecho a la objeción de conciencia; crear un registro de objetores de conciencia, o lo que es igual, disponer de una «lista negra» donde meter a los profesionales objetores, y crear así un mecanismo de denuncia eficaz contra tales objetores.
Subtítulo: Los intentos de imponer al personal sanitario el «derecho al aborto»
Destacado: Son médicos, no verdugos ni funcionarios del aborto; deben por consiguiente respetar la vida
Según la directora del Observatorio Europeo para la Dignidad, Sophía Kuby, el «informe McCafferty», tenía el propósito de «excluir de la práctica médica a las personas de convicciones sólidas, sean cuales sean, que se separan de la práctica y de la ideología dominante». La misma directora explicaba que unas minorías están llevando en Europa «un verdadero proceso de reingeniería social que está poniendo en juego la vida, la familia y los derechos fundamentales». Para añadir igualmente que los promotores del «informe McCafferty» sostenían que «la conciencia caprichosa de los médicos no puede prevalecer sobre derechos reproductivos de las mujeres», invirtiendo así los términos y contraponiendo la libertad de conciencia a un nuevo derecho. Sin ir más lejos, en España, jueces, médicos, enfermeros y farmacéuticos han rechazado el veto a objetar ante el aborto.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictaminó el 29 de septiembre, reconociendo que todos los médicos de la sanidad pública tienen derecho a objetar el aborto, tanto los facultativos especialistas como cualquier médico de la Sanidad pública, en base al derecho fundamental y constitucional que asiste al médico a objetar en conciencia. Hay que partir de la base de que el personal sanitario tiene la vocación y el compromiso de cuidar de la salud de sus pacientes. Han estudiado para ello. Los médicos han formulado el juramento hipocrático. Están vinculados además por el código deontológico de la profesión. Son médicos, no verdugos ni funcionarios del aborto. Deben, por consiguiente, respetar la vida. El aborto y ciertas técnicas de reproducción, en que se elimina la vida, no son problemas de salud sino simplemente homicidios. Practicarlos sería un delito, deshumanizar la medicina y atacar al derecho fundamental del hombre. Ante tal situación sólo cabe la objeción de conciencia, y en el ejercicio de tal derecho nadie debe ser discriminado, relegado o impedido del desempeño de su profesión. Se opondría a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948; al Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos de la Convención Europea sobre Derechos del Hombre y sus Libertades de la Resolución de 1993 del Parlamento europeo. Casi nada.
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