Marcha negra, farsa verde

Va quedando lejos en el tiempo, que no en la memoria, la marcha de los mineros asturianos y leoneses en búsqueda del salario perdido y del trabajo incierto. Finalmente, para el alivio de los gobernantes en Madrid, la marcha se disolvió en sí misma una vez conocido que Bruselas accedía a validar el real decreto de las ayudas al carbón.

Sin aquella decisión, la minería privada hubiera tenido que cerrar inmediatamente, ya que no existía otra posibilidad de abonar los salarios a los mineros, una vez terminada por parte de la ministra socialista de Economía, Salgado, la etapa de los incentivos a la producción de carbón.

Cierto es que el real decreto causa serios problemas a las centrales eléctricas españolas, que deben reservar una importante parte de su consumo al carbón nacional, en un momento de exceso de capacidad energética que obliga a mantener parados numerosos grupos de producción eléctrica. La oposición de las eléctricas gallegas debe ser vista en ese contexto de defensa de su viabilidad económica y no utilizada, una vez más, por los socialistas asturianos deseosos de sacudirse de encima una responsabilidad que les corresponde enteramente.

Más aun, el real decreto es un parche temporal a la espera del gran desafío, que la Unión Europea autorice la concesión de las ayudas de Estado a la producción de carbón, a las que el comisario socialista Almunia ha fijado un límite temporal de 2014 y siempre vinculadas al cierre de las explotaciones no rentables, es decir, y sin utilizar eufemismos, a todas las minas, sean públicas o privadas, sean a cielo abierto o bajo superficie.

Esta propuesta de Almunia no nos sirve a ninguno de los defensores de la continuidad del carbón como única fuente de energía autóctona y autónoma. No somos un país de recursos gasísticos, las renovables dan poco de sí y el Gobierno de Zapatero mantiene su oposición obstinada a la renovación de nuestras centrales nucleares, impulsando incluso el cierre de la de Garoña.

El Consejo de Ministros de Industria de la UE debe decidir sobre este reglamento (el ministro socialista español, Sebastián, es claramente contrario a la minería del carbón) por unanimidad de los 27 estados miembros para modificar su fecha de terminación. Sabemos que un informe técnico de la Comisión Europea situaba el horizonte técnico aceptable para estas ayudas hasta el año 2022. El Parlamento europeo ha emitido un primer informe en el cual se pide que las ayudas continúen hasta 2018. No es suficiente y el Partido Popular ha presentado enmiendas que recomienden esa fecha de 2022 y que avancen en el uso de la llamada reserva estratégica. ¿Por qué?

Porque no hay futuro para la minería sin la introducción de tecnologías limpias de combustión y captura. No es compatible la quema de carbón en las térmicas europeas si al mismo tiempo se pretende reducir la tasa de emisiones de CO² un 20 por ciento en 2020. La tecnología existe, en Asturias tenemos proyectos y también en muchas otras regiones europeas. La UE financia parte de esos proyectos, más de 180 millones de euros para España. Pero esa tecnología necesita inversiones, marco jurídico estable y tiempo, y el sector privado no cofinanciará esos proyectos a menos que se le garantice la pervivencia de las minas por lo menos diez años más.

El ambiente en el seno de la Unión Europea es profundamente anticarbonero. Lo consideran responsable directo del calentamiento climático y están dispuestos a cortar de raíz una producción económicamente poco o nada rentable. La consideración de interés social no es de aplicación porque lo mismo ha sucedido ya con antiguas regiones siderúrgicas o tabaqueras. Sólo cabe demostrar la necesidad de mantener un carbón limpio como clave para la independencia energética europea.

Y ahí chocamos con la farsa verde. Los negocios multimillonarios realizados en torno a las energías renovables, carísimas y mucho más subvencionadas que el carbón por Kw. producido. Zapatero quiso hacer política con el ecologismo financiando hasta más allá de la razón energías renovables de rendimiento escaso y rentabilidad basada en la subvención, que derivaron en un negocio financiero y en una burbuja energética en peligro de explosión. Si ésta sucede, se paralizará el desarrollo de una auténtica energía renovable siempre necesaria en España.

En esa farsa, se ha comprometido gravísimamente el futuro de la única fuente de energía fiable, tradicional, dotada de tecnologías de extracción propias y competitivas. Si sólo el 10 por ciento de las subvenciones a las renovables concedidas alegremente por Zapatero se hubiese destinado a la investigación de la combustión limpia del carbón y de los métodos de captura de CO², no serían necesarias marchas negras y, a lo mejor, negociaríamos el reglamento de ayudas sin tanta carga dramática.

Con bastante seguridad, el mensaje del Parlamento europeo será positivo para el carbón nacional y sus ayudas. Más aun cuando sabemos que la utilización exclusiva de carbón importado en nuestras térmicas sólo significaría importar CO² sin solucionar el grave problema medioambiental, pero, eso sí, acabando con nuestra autonomía energética y causando a la economía regional asturiana y leonesa un perjuicio mortal. Veremos si el ministro de Industria es capaz de convencer a sus colegas europeos y, sobre todo, al competente comisario Almunia. En el PP Europeo no quedará esfuerzo por hacer.