Cerco a la caza
La perplejidad se ha apoderado de los cazadores españoles ante la implantación de un bodrio como norma reguladora con ribetes dispuestos a limitar o anular su actividad. Se ha abierto para el sector cinegético un proceso cargado de incertidumbre donde impera sensación de trastorno y desconcierto. Todo hace predecir que, en relación a este asunto, tal y como están las cosas, la situación creada apunta a que en un futuro más cercano que distante, desarrollar la actividad cinegética social tradicional sufrirá severas dificultades, si antes no se pone remedio. No solo eso, sino que también, en paralelo, oportunamente, se han producido modificaciones en el Código Penal, en razón de implantar y aumentar medidas correctoras en los correspondientes capítulos destinados a sanciones económicas y penales que alcanzan, en relación a la caza, dimensiones cuantitativas estratosféricas en su aplicación.
Ante este cerco a la caza, nos hallamos los cazadores expuestos a la indefensión ante
un tipo de intervencionismo brutal del Estado hacia nuestra actividad, nunca antes visto en el sector de la venatoria. De todo esto se deduce que el damnificado será, como siempre, el cazador de menor poder adquisitivo, por deducción obligado al abandono. Al cazador de alto standing económico estas medidas le afectarán mucho menos; siempre le quedará la posibilidad de poder cazar en el extranjero. Por tanto, una norma claramente discriminatoria que surtirá un efecto contrario a postulados ideológicos de orientación dogmática progresista.
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