Ayotzinapa, crimen de Estado
Dentro de un mes se estarán cumpliendo ocho años de la matanza de estudiantes que iban a ser maestros, en Ayotzinapa, Guerrero, Estados Unidos Mexicanos.
Madres y padres de los normalistas no han cesado de exigir Justicia, y el nuevo presidente López Obrador se comprometía a buscarla y administrarla para con este hecho horrendo.
En la Universidad de Oviedo-Formación del Profesorado, en Trascorrales con ocasión de la visita de la Embajadora, y en los consulados de México, primero en Oviedo, luego en Xixón, se hicieron protestas y exigencias de justicia para con este crimen: Vivos, se los llevaron Vivos, los Queremos…
El anterior presidente inventó una versión, “la verdad histórica”, que fue desmentida por una comisión de investigación GIEI, de la CIDH (en la que participaba el doctor Carlos Beristaín, que escribía y presentaba en La Revoltosa de Xixón su libro “El Tiempo de Ayotzinapa”); Peña Nieto y su Procurador (fiscal general) daban por buena una patraña de interpretación de los hechos que aseguraba la impunidad de los verdugos, entre ellos los militares.
Ahora, esta semana, la Comisión de la Verdad creada en este periodo ha sentenciado como crimen de Estado la desaparición y matanza de 43 estudiantes en Ayotzinapa, porque en el crimen “concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
El nuevo informe se basa en más de 41.000 documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de vídeos de torturas de detenidos del caso.
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, dice el informe reciente de la CVAJ.
En base a ello ayer fue detenido el anterior procurador, Jesús Murillo (que había sido también secretario general del PRI, senador, y gobernador de Hidalgo), y hay orden de captura para más de 80 funcionarios y militares. Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, es uno de ellos, está prófugo de la justicia y protegido en Israel.
Desde la masacre de Ayotzinapa 26 personas vinculadas a la investigación han fallecido. Por accidentes, por ejecuciones, o por enfermedades.
En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas: un soldado había sido infiltrado entre los estudiantes, Julio César López Patolzin, y pese a la desaparición del propio soldado el ejército no movió un dedo para rescatarlo.
El nuevo informe de la Comisión de la Verdad indica que no hay indicios de que los estudiantes puedan permanecer con vida. Solamente han sido recuperados restos de tres de ellos, por lo que la búsqueda ha de continuar.
La versión oficial de “verdad histórica” difundida por el Gobierno de Peña Nieto impidió a las madres y padres de las víctimas conocer el paradero de sus seres queridos, encubrió las responsabilidades de los funcionarios cómplices, el uso de la tortura para obtener confesiones falsas, y se basó en la siembra de pistas falsas en el basurero de Cocula para determinar que allí habían sido todos incinerados.
Una mentira histórica totalmente desmontada.
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