Gracias, Asturias
Desde hace diez años Asturias acoge a personas amenazadas de muerte en Colombia. Una década en la que la Agencia Asturiana de Cooperación y el Ayuntamiento de Gijón han sumado esfuerzos para posibilitar refugio temporal a setenta (70) personas entre sindicalistas y defensores de los derechos humanos perseguidos a muerte por su actividad, dos de los cuales fueron asesinados a su regreso, Luciano Romero en 2005 y Henry Ramírez este año.
Desde el arribo del primer grupo de refugiados en octubre de 2001, una docena de organizaciones sociales decidió apoyar el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y acompañar a las personas perseguidas: Amnistía Internacional, UGT, CEAR, Corriente Sindical de Izquierda, SUATEA, USO, Soldepaz Pachakuti, Cosal de Oviedo Xixón, Ingeniería Sin Fronteras, ACSUR Las Segovias, Justicia y Paz, Comité Monseñor Romero y Cáritas. Abrieron las puertas de sus organizaciones y la agencia de sus actividades para que los refugiados colombianos diéramos a conocer nuestro testimonio y opinión sobre las causas y posibles soluciones al largo conflicto interno.
Esa tarea de diplomacia ciudadana dio a conocer el hecho terrible de que Colombia es el país del mundo más peligroso para la actividad sindical, a pesar de la campaña de relaciones públicas del gobierno para afirmar lo contrario, mientras criminaliza la protesta social y la defensa de los derechos humanos, al punto de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó, hace un año, su preocupación por el surgimiento de un patrón de señalamientos contra los movimientos sociales del disenso.
A pesar de que Colombia es –formalmente– un Estado de derecho padece una crisis de los derechos humanos, expresión de un conflicto social y armado no reconocido por el gobierno, agravado por la inequidad, la impunidad, la exclusión, el narcotráfico y el paramilitarismo.
La Agencia Asturiana de Cooperación, que ha visitado seis veces a Colombia, constató que el gobierno trata como enemigos a los defensores de los derechos humanos y a los sindicalistas; que hay acopio ilegal de información personal de los opositores por parte de la Inteligencia militar, montajes judiciales mediante testigos de pago al servicio de las brigadas militares y presiones a la justicia para que condene sin pruebas a líderes sociales; proliferan las amenazas de muerte y es «normal» el control de la población mediante el terror armado en gran parte del país, así como las violaciones del derecho a la vida y a la integridad, y el horror de miles de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por la fuerza pública.
A lo largo de diez años el Programa de Acogida se consolidó como una acción ejemplar de solidaridad y cooperación ejecutada en el territorio de Asturias, para proteger a personas de los sectores sociales que la ONU considera como grupos especialmente vulnerables en Colombia.
A pesar del cambio de gobierno, en Colombia se sigue amenazando y asesinando a opositores. Amnistía Internacional pidió en agosto pasado al presidente Juan Manuel Santos que acabe con la impunidad y desmantele los grupos paramilitares y sus vínculos con las fuerzas de seguridad. La violencia en Colombia no es un asunto del pasado, por eso pedimos a las instituciones, organizaciones y personas que mantengan su esfuerzo solidario y las visitas de verificación en el terreno.
Esta tierra que también vivió la persecución y el exilio de sus hijos da ejemplo de compromiso con el derecho a la vida y con los derechos humanos. Gracias, Asturias, por esta década de solidaridad con los perseguidos de Colombia.
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