De Gobierno progresista, nada
La fe en el progreso, como ley que preside la marcha de los pueblos, no puede decirse que sea profesada por el actual Gobierno. Todavía está por ser una realidad democrática viva y una verdad absoluta y comprobada la independencia del Poder Judicial en España, porque el líder del PSOE se empeña en continuar el sistema que le permite intervenir en los nombramientos, ascensos y traslados de los jueces y fiscales como le venga en gana.
El artículo 122 de la Constitución señala que ocho de los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán juristas elegidos por el Parlamento, y la sentencia del Tribunal Constitucional número 108/1986 declaró que también el Parlamento elegiría a los otros doce vocales restantes.
Así las cosas, podría creerse que el Pueblo elige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ya que es el Parlamento quien lo representa, pero no es ciertamente así. La Comisión de Ética Judicial en su acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2018 aclaró que “la reciente difusión de un mensaje de WhatsApp dirigido por el jefe del grupo parlamentario del PP en el Congreso a otros diputados del PP revelando que PP y PSOE se habían repartido 9 a 11 las vocalías del Consejo General del Poder Judicial antes de que se votara en el Parlamento, evidencia que ni siquiera el Parlamento decide, sino que lo hacen dos líderes de dos partidos políticos”.
La finalidad de la Norma constitucional no es desde luego que dos únicos líderes políticos nombren a los órganos de gobierno del Poder Judicial, ni que los puestos gubernativos en las carreras judicial y fiscal sean refugio de amigos políticos, parientes y deudos de quienes ocuparon distintos ministerios y especialmente el de Justicia. El más elemental sentido democrático indica que no hay independencia donde la exigencia de responsabilidades se encuentra coaccionada por la influencia política o donde los que infringen las leyes lo hacen ante la seguridad de que sus actos no tendrán la más mínima sanción, porque el que ocupará el sitial que les juzgue es el amigo y deudor.
Escuchamos a diario los requerimientos de Sánchez al PP para que cumpla lo que llama “su obligación constitucional” de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General, pero los españoles llevamos treinta años esperando, sin progreso alguno, a que la independencia del Poder Judicial que refiere la Constitución deje de ser mero precepto sin finalidad práctica, y sean los propios jueces quienes elijan a sus gobernantes de entre ellos mismos.
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo