Obligar a pagar impuestos a todo hijo de vecino
Un país donde no hay control suficiente y multas en condiciones sobre la economía sumergida y sobre el fraude fiscal está condenado a sufrir una crisis de caballo.
Repercute de lleno sobre las arcas del Estado, sobre las pensiones y el Estado de bienestar.
Recuerden que hasta está bien visto, el emérito se escabulle de tamaño delito.
Debe exigirse entregar factura siempre y en todo lugar.
Los trabajos y transacciones sin IVA deben ser perseguidos con fuertes multas.
Las consultas de médicos particulares deben vigilarse.
¿Cuántas consultas particulares de profesionales liberales campan a sus anchas por todas las ciudades sin obligación de dar factura sin pedirla?: abogados, contadores públicos, arquitectos, médicos, técnicos y en general profesionales o personas que trabajan de forma independiente.
Sea el trabajo, profesión o negocio que sea, deben las administraciones regular con fuertes y contundentes multas cuando alguien (sea quien sea) use la economía sumergida. Nos va en ello que no recaiga la carga impositiva solo siempre sobre los mismos.
Entran también nuestros políticos, deben pagar impuestos por todas sus prebendas (algunas reconocidas casi alegales por semejantes privilegios) por ser diputado o senador, en España es un chollo hoy en día serlo. Además de tener sueldos muy superiores a la media, gozan de una serie de complementos que el resto de mortales ni puede soñar: desde ayudas para el alojamiento, avión en business, gastos de representación, plan de pensiones, para pagar el taxi, hasta tener móvil, Ipad e internet gratis. Además, todo ello sin un control exhaustivo del absentismo laboral.
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