Ante los ataques a entidades de Derechos Humanos en Palestina

¿Se acuerdan de Juani Ruiz, la española encarcelada por Israel debido a su trabajo en los comités de salud? Varias protestas y actividades de apoyo se organizaron en las plazas de Asturias, y ayuntamientos y Parlamento expresaron su rechazo.

Muchos meses después logró la libertad y fue recibida con honores en Xixón.

Pero el ataque a las organizaciones persiste por parte de Israel, y hace parte de la "campaña electoral" de aquel país: una competición a ver quién es más sionista.

333 redes y organizaciones de Derechos Humanos han condenado la violencia del Estado ocupante y el cierre de siete instituciones palestinas amenazando a sus directoras.

Y hacen un llamamiento a los pueblos libres del mundo para que apoyen al pueblo palestino en su lucha por recuperar sus derechos.

Las 333 redes firmantes y las organizaciones de Derechos Humanos expresan su condena y denuncia de la brutal agresión del Estado ocupante y de apartheid en Palestina, cuyas fuerzas irrumpieron y cerraron las sedes después de confiscar el contenido de siete organizaciones civiles y de derechos humanos palestinas: Al-Haq, Bisan, Addameer, Agricultural Work, Union of Women's Committees, Health Work, the Palestinian Branch of Defense for Children International.

Esta intrusión ilegal tuvo lugar después de la medianoche, como las pandillas nocturnas, en ausencia de los responsables de estas instituciones, y una semana después de que la Unión Europea anunciara la reanudación del apoyo a estas organizaciones.

Este apoyo se congeló en octubre de 2021, cuando el ministro de Guerra de Ocupación, Benny Gantz, declaró a estas organizaciones como terroristas. En julio pasado, portavoces de diez ministerios de relaciones exteriores europeos emitieron una declaración manifestando su apoyo a la sociedad civil palestina, debido a la ausencia de información valiosa sobre lo que Israel proporcionó que pide revisar las relaciones de esos países con las instituciones palestinas después de la clasificación israelí de ellas.

Esto se produjo en una declaración conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia.

El asalto a estas instituciones palestinas es solo una más de una cadena de agresiones continuas y sistemáticas practicadas por las autoridades de ocupación contra el pueblo palestino y sus instituciones nacionales y civiles que operan de conformidad con la legislación palestina y gozan de respeto y prestigio nacional e internacional.

La agresión es parte de la persecución de la diatriba palestina por parte de la ocupación, dado su importante papel en la comunidad palestina y el trabajo civil y en la exposición y el enjuiciamiento de los crímenes de la ocupación y en la confrontación de sus políticas racistas y de desarraigo.

La intrusión es también una violación flagrante de la Declaración Universal para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas en 1998.

No habría sido posible sin la inmunidad otorgada por las superpotencias a la potencia ocupante, especialmente a los Estados Unidos.

La potencia ocupante continúa sus agresiones, bombardeos y asedio a la Franja de Gaza, así como las ejecuciones extrajudiciales, que se han cobrado la vida de más de 80 palestinos desde principios de este año, incluidos niños, los crímenes de ataque y profanación de lugares religiosos y los crímenes de desplazamiento forzado contra el pueblo palestino.

Las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a los organismos internacionales que trabajan por la protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para presionar a la potencia ocupante, y que se declare la cancelación inmediata de la orden militar que clasifica a las instituciones palestinas como ilegales, al cierre de la sede y la criminalización de la labor de las siete instituciones palestinas y sus empleados, y condenando las amenazas de los directores de estas instituciones directamente por parte de las autoridades de ocupación, como el abogado Khaled Quzmar (director del Movimiento Internacional para la Defensa del Niño), que fue citado por la inteligencia israelí el domingo 21 de agosto (fue liberado en el noche) y amenazado por teléfono directamente por un oficial de inteligencia, el abogado Shawan Jabarin (director General de la Fundación Al-Haq). El Comité Internacional de la Cruz Roja, para que active su función de obligar a la potencia ocupante a respetar las reglas y normas del derecho internacional humanitario, especialmente el IV Convenio de Ginebra y el Protocolo adicional I, el Informe Especial de las Naciones Unidas para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, que obliga a la Potencia ocupante a respetar la Declaración Universal de los Defensores de los Derechos Humanos en Palestina y el Golán ocupado. El informe especial sobre la libertad de opinión y el derecho a establecer asociaciones preparó un informe especial sobre las políticas sistemáticas de la ocupación contra las asociaciones palestinas.

Durante las últimas dos décadas, 42 instituciones de la sociedad civil palestina fueron cerradas en la Jerusalén ocupada. Las Naciones Unidas y la Unión Europea, que anunciaron su rechazo a las medidas israelíes para imponer sanciones y restricciones al comercio y un embargo de armas al país ocupante, y no solo la condena verbal. Los pueblos libres del mundo para apoyar los derechos humanos palestinos y las instituciones civiles y el pueblo palestino en general que continúan resistiendo a la entidad sionista que ha usurpado su tierra durante siete décadas y media, para proteger y restaurar sus derechos legítimos e inalienables, el principal de los cuales es su derecho a la independencia del colonialismo sionista, el retorno de los refugiados, la autodeterminación y el establecimiento de su Estado palestino democrático independiente en su suelo nacional, con Jerusalén como su capital.