"Responsabilidad": la palabra perdida
Una de las más abusivas modernidades que estamos viviendo es la retirada o destierro de palabras incómodas y comprometidas; pero no por decretos, que se estilan para otros propósitos, sino por sistemático desuso funcional, y evidentemente para no dar la cara.
Es claro que esas palabras incómodas existen y se utilizaron antes pródigamente, tanto en el lenguaje coloquial como en el judicial: daño, culpa, pena y responsabilidad son paradigmas al respecto, y están mal vistas por los que toman alegremente decisiones sin contar con nadie; vamos a precisar su semántica. Del firme brazo de la Real Academia de la Lengua Española vamos a determinar su significado preciso:
"Culpa" es una falta cometida conscientemente, "pero sin intención de perjudicar", según puntualiza la RAE; una infracción producida por negligencia o descuido; pero no intencionada, reitera; lo que no es óbice para para que de ella no se sigan responsabilidades penales que puedan acarrear los actos incorrectos o indebidos.
"Daño" es un término diáfano que significa trastorno, perjuicio o deterioro.
SUMARIO: Sobre la moderna costumbre de evitar palabras incómodas y comprometidas
DESTACADO: "Responsabilidad" deriva del verbo latino "respondere", que significa obligarse a responder, justificar o rendir cuentas... Es significativo que las "ruedas de prensa" hayan sido eliminadas "de facto"
"Dolo" expresa astucia, fraude, trampa o engaño, y se emplea por los profesionales del Derecho para calificar una actitud claramente negativa, cargada de mala intención y adversidad al prójimo.
"Pena" tiene acepciones bien distintas: aflicción o dolor, y castigo que impone la autoridad judicial a quien infringe la ley. Siempre entraña pesar, tristeza o sufrimiento.
"Responsabilidad" deriva del verbo latino "respondere", que significa obligarse a responder, justificar o rendir cuentas, contestar a preguntas sobre actos o conductas pasadas, lo que constituye "una obligación moral y jurídica" del que ha tomado decisiones que pueden ser onerosas para otros ciudadanos o para la sociedad en general o a partes de ella. Es significativo que las "ruedas de prensa", concebidas para ser registro plural y objetivo de las responsabilidades democráticas ante los medios de comunicación social (MCS), prensa, radio y televisión, hayan sido eliminadas "de facto".
Ahora mismo, tenemos un conflicto planteado en determinadas regiones de España por la protección al lobo que afecta a la ganadería de montaña, pues como bien decía el doctor en Derecho y catedrático Sr. Villar Palasí: "El que es caritativo con el lobo, es cruel con el cordero". Otra muestra ostentosa y lamentable que padecemos en este país es la tolerancia práctica con la invasión de los "okupas", que, salvo raras y contadas excepciones -"okupación" de un piso de titularidad sindical- cuentan con la inoperancia efectiva de las fuerzas de seguridad (FF SS) y de los tribunales (TT JJ), lo que compromete gravemente los calificativos de "seguridad jurídica" y de "Estado de Derecho", que nos atribuimos en nuestra Constitución, con absoluta impasibilidad del Gobierno y práctica ataraxia de la oposición. Es absolutamente evidente, y no hace falta ser doctor en Economía para evaluarlo, que la "okupación" de pisos en España es una circunstancia claramente disuasiva a la inversión en vivienda de turistas extranjeros. Paralelamente, nos encontramos con la tendencia progresiva a sustituir la palabra "ilegalidad" por la de "irregularidad" en la calificación de los pasos ante las fronteras nacionales, cuando estos términos encierran contenidos semánticos distintos y perfectamente distinguibles: La "ilegalidad" se refiere a lo que es contrario a la ley, y por tanto delictivo, dice la RAE. Lo que se juega con esta aparente distinción frívola es o puede ser la futura independencia de Canarias, ya pretendida por grupos separatistas.
La "irregularidad" apunta a conductas que simplemente no se atienen a reglas ordinarias o habituales; es decir, son anormales, pero no constituyen falta o delito ante las administraciones públicas, ni oficial ni privada, como por ejemplo equivocarse de puerta.
Y ya, como concatenación de los exorcismos, podríamos preguntarnos si ha de considerarse normal que un Gobierno "desjudicialice" a la Justicia: ¿Quién se podrá sorprender, pues, de que la Justicia descalifique a su propio Gobierno, especialmente cuando ha monopolizado las decisiones y delegado sus responsabilidades en otras instituciones y personas?
Que situaciones similares se dan también ahora en otros países del mundo es cierto, pero eso no nos alivia de nuestras dolencias más gravosas; simplemente las arropan y enmascaran. Mal asunto.
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