De memorias y verdades históricas
La nueva ley de memoria, aún pendiente de promulgación, establece entre sus fundamentos que el olvido no es opción para una democracia y que la ciudadanía tiene un derecho inalienable a conocer la verdad histórica; pero no en su integridad, sino limitada a la violencia y terror protagonizados únicamente por los ajenos, olvidándose de las atrocidades e injusticias cometidas por los propios, borrando así de una forma consciente el sangriento holocausto católico que protagonizaron quienes se pretenden normativamente ahora trocar en adalides y valientes defensores de la libertad y la democracia.
Son los nietos de quienes tuvieron el valor de perdonar y olvidar, y los hijos de quienes, con su esfuerzo sacrificado, sacaron un país de la pobreza de la posguerra los que ahora pretenden remover las heridas ya cicatrizadas de nuestra historia. Y lo hacen sin afrontar las verdades que duermen en el pasado e ignorando que quien vuelve sus ojos hacia esas páginas pretéritas lo único que va a descubrir y desenterrar es dolor, mucho dolor.
Huelga decir que los promotores de la mal llamada ley de memoria democrática no tienen mayor interés en conocer la historia en toda su extensión. Pretenden únicamente reescribirla para transmitir a las generaciones venideras que nuestra contienda fratricida tuvo como raíz un trasfondo meramente político, cuando la misma se produjo como consecuencia de los graves acontecimientos que, desde la quema de conventos de 1931, acabaron con la vida de miles de religiosos y dieron lugar al denominado "martirio de las cosas sagradas", que redujo a escombros y cenizas una enorme parte de nuestro patrimonio religioso, histórico y artístico. Prueba de ello es la misma denominación de Cruzada que otorgaban a la contienda quienes se alzaron en armas, la mayoría militares que habían combatido en defensa de la República y frente a quienes habían protagonizado el anterior golpe de Estado de octubre de 1934.
En este mes de septiembre, los naturales de Candás celebraremos con orgullo la fiesta de nuestro Santísimo Cristo. Y lo hemos podido seguir haciendo a pesar de lo que hace ochenta y seis años hicieron con su imagen original aquellos que ni luchaban por las libertades ni por la democracia, sino que exclusivamente daban rienda suelta a sus odios, rencores e ignorancias cuando, en un ominoso día de 1936, incendiaron y destruyeron la iglesia de Candás y, como se puede leer en nuestros archivos históricos, arrojaron su imagen a la calle desde el balcón de su camarín, al tiempo de que quien lo arrojaba decía "Ahí va eso"; para, seguidamente, en irreverente procesión, conducirla al antiguo campo de fútbol, donde fue colocada en la puerta de entrada, obligando a los niños a tirarle piedras y blasfemar hasta que, tras separar su cabeza del cuerpo y jugar al fútbol con ella, la quemaron con los restos de la imagen. Unos ignominiosos acontecimientos que, como otros muchos que ocurrieron en Asturias en 1934 y 1936, es de justicia traer a colación si de lo que de verdad se trata es de conocer la realidad histórica y no de buscar simplemente una revancha cobarde por quienes utilizan el poder que les otorga la impresión del "Boletín del Estado" para reescribirla.
Si realmente el legislador busca honrar a los defensores de las libertades, debería empezar por recordar a las decenas de miles de personas que fueron asesinadas o torturadas, únicamente por razón de defensa de su fe cristiana, durante la atroz persecución religiosa perpetrada hace ochenta años en nuestro país; un auténtico holocausto que, sin embargo, por arruinar el relato imaginario pretendido por el Gobierno, la nueva ley de memoria proyecta ocultar o expulsar de nuestros libros de historia y extirpar de nuestro recuerdo.
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