De tabús, mentiras y cinismos
Es constante la sinfonía que se interpreta diariamente a través de los medios de comunicación en contra de determinadas medidas que se proponen desde el Gobierno de coalición PSOE-UP, especialmente si estas tienen que ver con la equidad y/o la protección de las clases medias y población más vulnerable.
El mantra cansino y repetitivo (que al final no sé si tendrá repercusión electoral dentro de un año) de que son medidas “bolivarianas” “de un Gobierno socialcomunista, filoterrorista”, “anticonstitucionales” y en contra de las directivas de la UE; son tan patéticos que no resisten el más mínimo análisis. Pero, induce a la preocupación, cuando en una tertulia seria, con analistas avezados, se da por buena la apelación que últimamente ha surgido como argumento “inapelable”, la inconstitucionalidad de tales medidas económicas.
No soy experto en constitucionalismo, ni siquiera pertenezco al mundo del derecho, pero se leer. Es verdad que el artículo 38 (que tanto se cita últimamente) dice: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. Lo curioso del caso es que quienes lo citan solo lo hacen de la parte primera del mismo, obviando la parte final... “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
Pero, es más, quienes lo citan “olvidan” (¿?) que otro artículo de la Carta Magna, el 128, enmarcado en el título VII, Economía y Hacienda, dice literalmente:
1. “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (subrayado mío).
2. “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. (subrayado mío). Blanco y en botella.
Personalmente creo que el actual Gobierno de coalición se queda corto con las medidas tomadas y anunciadas, si aplicamos estrictamente la Constitución vigente. Es más, se detecta un cierto nerviosismo que empuja incluso a rectificaciones y marchas atrás de lo anunciado. El caso más reciente, por ejemplo, Yolanda Díaz anuncia que “se toparan los precios de productos alimenticios más básicos” (perfectamente enmarcados en el artículo 128 de la Constitución). Salen en tromba PP/Vox y la derecha mediática con el mantra ya señalado más arriba y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, (echado al monte últimamente) dice que el anuncio le recuerda a la “planificación soviética”.
Garamendi debería ampliar el foco y señalar también a la UE y a su presidenta, Ursula von der Leyen (del PP europeo), como soviética y al mismísimo Enmanuel Macron, que acaba de aplicar las mismas medidas que ya, en su día, decretó otro prosoviético como Nicolas Sarkozy; también habría que incluir entre los irreductibles soviéticos al defenestrado por los suyos Boris Johnson y a la flamante nueva primera ministra británica, Liz Truss, quien, nada más recibir del pre-cadáver real las bendiciones para su cargo, anunció medidas soviéticas.
En serio, este país a veces, parece de chiste. Pero de chiste malo (al estilo de Wyoming), si no fuera porque diariamente se juega con la subsistencia de millones de ciudadanos desprotegidos por sus políticos a pesar de vivir bajo el paraguas de una Constitución que sí los protege. Tabús, mentiras y cinismo... mucho cinismo.
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