Por fin ha arrancado la depuradora del Este en Gijón

Después de diez años de oposición de unos propietarios de la zona llamada El Pisón a que se construyera la depuradora de aguas residuales del este de Gijón cerca de sus chalés, se ha puesto en funcionamiento.

Esta depuradora fue proyectada cuando Rodríguez Zapatero era jefe del Gobierno de España y Vicente Álvarez Areces era presidente del Principado de Asturias, y culmina la labor de renovación total del alcantarillado de Gijón que realizó Tini Areces cuando era alcalde de esta ciudad.

La estrategia que emplearon esos propietarios fue astuta: en lugar de llamarla depuradora la llamaron “La Plantona”; desaparecía así la palabra depuradora, que contiene el concepto de algo útil: instalación para depurar las aguas, y se introducía, subliminalmente, la idea de depuradora enorme, cuando la realidad es que es una depuradora más bien pequeña, prevista para un máximo de 160.000 habitantes; es capaz para los propietarios de El Pisón y para parte de los habitantes del barrio de La Arena.

Sin embargo, el resto de su estrategia fue erróneo. Sus consejeros deberían haberles advertido que la depuración de las aguas residuales, es decir, de las aguas de su váter, de su baño, de sus lavabos, de su lavadora, de su lavavajillas, de sus fregaderos, era una directiva de la UE de obligado cumplimiento, con multas muy fuertes a los estados que arrojasen al mar, a un río, o a un lago, sus aguas residuales sin depurar, sus aguas negras (en Gijón, las tapas de los registros del alcantarillado ponían antes de la renovación de Areces “Aguas negras”).

La UE ofrecía a los estados una financiación que cubría hasta el 80% del coste total del proyecto; el importe de adjudicación del proyecto de la depuradora del Este fue de 36.058.923 euros.

Pero también imponía fuertes multas si no se cumplía el plazo de ejecución de las obras, y como se incumplió porque algunos de los propietarios del barrio de El Pisón, para que no se construyese la citada depuradora o se dilatase su plazo de terminación, utilizaron el sistema de presentación de recursos contencioso-administrativos en cascada, la UE empezó a multar a Gijón.

El uso del contencioso-administrativo tenía, además, otra ventaja para esos propietarios: si encontraban un juez que fallase a su favor porque la Administración no cumpliese todos los procedimientos que se demandan para este tipo obras, o dicho en román paladino, “si faltaba la póliza”, estupendo. Y si perdían el recurso bastaba con pagar las costas del juicio. Además podían pedir al juez la suspensión cautelar de las obras, y si el juez aceptaba su petición, la Administración tenía que presentar recurso, lo que dilataba aún más la construcción.

Era una argucia leguleya, pero al resto de los gijoneses esa argucia nos va a costar muchos millones de euros, porque esos propietarios de chalés perdieron de vista que la depuradora Este se iba a construir sí o sí.

El nudo gordiano fue cortado porque el actual Gobierno de España presentó recurso ante la Audiencia Nacional ya que estaban afectadas dos instalaciones de autonomías distintas, la depuradora Este de Gijón y la de Isla Cristina, es decir, los juzgados de lo contencioso-administrativo ya no eran competentes para juzgar estos casos. Y la Audiencia Nacional dio la razón al Estado.

He recalcado lo de actual Gobierno de España porque, cuando gobernó el PP se inhibió puesto que los de El Pisón pertenecen a las clases que les votan.

El resultado de lo anterior es que los gijoneses vamos a tener que pagar a la UE una multa de 7,2 millones de euros. Como en el año 2018 estaban censadas 271.843 personas, cada gijonés está multado con unos 26,50 euros.

¿Cómo se paga la multa? La UE carga al Estado español los 7,2 millones de euros; este se los carga a la autonomía afectada; esta al Ayuntamiento, en nuestro caso al de Gijón, que se lo cargará a la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Por lo que, si la cifra de 26,50 euros por persona de una familia no asusta, sí asusta que el Ayuntamiento de Gijón tenga que pagar 7,2 millones de euros. ¿Cuántas becas de comedor, cuántas asistencias a mayores dependientes, cuántas obras sociales se tendrán que reducir por el empecinamiento de los pisoneros? Esos propietarios cuyo abogado cuando vio que perdían el pleito amenazaron con querellarse contra los ingenieros que firmasen la puesta en marcha de la depuradora. Una querella es algo muy serio pues puede tener consecuencias penales, pero a esos ingenieros no se les arrugó el ombligo, y pueden decir como Galileo: “Eppur si muove”, “pero la depuradora funciona”.

A lo anterior hay que añadir la falta de colaboración de la doctora Moriyón, presidenta de Foro, que justo en ese año fue alcaldesa de Gijón con los votos de Podemos y del PP. No solo no movió un dedo para solucionar el problema, por ejemplo hablando con los propietarios, sino que cuando se rompió el colector que venía enviando las aguas residuales al final de la bahía de Gijón no ordenó su reparación, y la mierda flotaba en la playa.

Ítem más, un argayo rompió parte de la traída de aguas a Gijón propiedad del Ayuntamiento, y a la doctora, que habla de volver a presentarse a la Alcaldía, ni se le ocurrió ordenar la construcción de unos caballetes que sostuvieran la tubería destruida.

Como Gijón necesitaba agua, Moriyón la contrató a Cadasa, un agua que la EMA tiene que pagar, y que es del río Narcea, de calidad inferior a la de los manantiales afectados por el argayo.

Moriyón, a la que las empresas públicas le producen erisipela, y la EMA es pública, intentó descapitalizarla, para que fuese adquirida, como en Avilés, por una empresa privada.