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La relevancia social del matrimonio

1 de Noviembre del 2010 - Víctor Luis Díaz Haces (Oviedo)

No es que me fie mucho de lo que diga ningún político y menos con unas elecciones a la vista pero, en una entrevista para El País, dijo Mariano Rajoy que, de llegar al poder, no garantizaba el mantenimiento de las recientes leyes sobre el aborto y el matrimonio homosexual aunque el Constitucional las avalara.

Como era previsible, no han tardado en llegar las réplicas por parte del movimiento gay. El principal argumento, aparte de los típicos calificativos de ultraderecha, cavernícolas etc., es que debe respetar una ley aprobada por el parlamento y con gran respaldo social.

Cierto que es una ley aprobada por el parlamento, pero, si la derogara, sería con otra ley emanada del Parlamento y con la misma legitimidad.

Lo del gran respaldo social es algo más dudoso todavía pero irrelevante para lo que quiero exponer.

Lo que considero un error que se está dando, en muchos ámbitos y no sólo este, es la regulación por el Estado de asuntos que van más allá de sus competencias, en este caso los afectos o gustos sexuales.

El matrimonio no es una institución creada por nuestra constitución ni por ninguna ley democrática sino que es previa a cualquier legislación. La razón de ser de las leyes matrimoniales no es garantizar una forma de relación heterosexual o privilegiarla frente a otras, sino velar por el buen desarrollo de una institución indispensable y base de cualquier sociedad. El matrimonio merece una protección por ser el lugar donde el ser humano nace, se educa, crece y encuentra esa identidad que no le va a dar ninguna creación político-social.

Lo relevante no es la cantidad, calidad u otros pormenores de la relación sexual que, lógicamente, conlleva. Lo relevante es que en ella surgen y maduran los nuevos miembros de la sociedad.

Por su propia naturaleza, una unión entre personas del mismo sexo no cumple estas funciones. Su categoría social no debiera ser diferente a una relación de amistad o pacto de cohabitación por otros intereses económicos, familiares o de afinidad. Lo contrario sería premiar la práctica sexual frente a otras relaciones afectivas o de dependencia sin mediar sexo.

La regulación de unos acuerdos económicos y de convivencia con efectos fiscales o hereditarios podría ser perfectamente asumible siempre que fuera abierto a todo tipo de convivencias.

Una simple equiparación con el matrimonio en base a una práctica sexual es conceder un estatus de privilegio a cambio de nada. Quedamos, además, sin argumentos para negar la misma condición de matrimonio a quien se identifica con otras costumbres sexuales: poligamia, incesto, etc.

Esto, y sólo esto, es lo que hay que hacer entender sin entrar a argumentos morales o ideológicos. Lo que haga cada uno con sus glándulas sexuales me interesa más bien poco.

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