EE UU: Instrucciones para volver del lado oscuro
La decisión del presidente Obama de cerrar Guantánamo ha sido un gran paso adelante en el camino para volver del lado oscuro de los derechos humanos en el que ha permanecido Estados Unidos durante más de siete años. Pero cerrar Guantánamo no es únicamente echar la llave a la instalación. Se trata sobre todo de ofrecer justicia y reparación a sus víctimas, más de 240 personas que pemanencen aún detenidas allí. También se trata de hacer rendir cuentas por ello.
Las órdenes ejecutivas firmadas por Obama sobre los interrogatorios y el programa de detención secreto de la CIA suponen que Estados Unidos ya no autoriza la detención en lugares secretos ni la tortura, pero se mantiene la posibilidad de que la CIA lleve a cabo detenciones breves y transitorias o de que utilice centros no controlados por Estados Unidos para realizar detenciones e interrogatorios por encargo. La orden ejecutiva sobre interrogatorios debería afectar también a una orden ejecutiva de 2001 en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, y suponer de facto la desclasificación del secreto oficial sobre todos aquellos documentos que autoricen o aprueben el uso de técnicas de interrogatorio y condiciones de reclusión.
Los juicios ante las comisiones militares y el sistema de tribunales de revisión del estatuto de combatiente, así como las juntas de revisión administrativa, han sido suspendidos, no eliminados. Obama debe anunciar un plan para acusar y enjuiciar ante tribunales federales a las personas detenidas en Guantánamo, o bien ponerlas en libertad. También debe asegurar que a los detenidos que pudieran sufrir tortura si fueran devueltos a su país de origen, se les ofrece la oportunidad de vivir en EE UU y trabajar con otros gobiernos, entre ellos los europeos, para que puedan recibir asilo en terceros países.
En relación a la erradicación de la tortura, la orden ejecutiva sobre interrogatorios marca claramente un antes y un después en la prohibición del uso de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, siguen siendo preocupantes algunas disposiciones del Manual de Campo del Ejército, al cual deben referirse a partir de ahora también los agentes de la CIA, que no son compatibles con la prohibición internacional de la tortura. Por otra parte, Obama no ha anunciado que el Gobierno dejará de utilizar información obtenida mediante tortura u otros malos tratos. Tampoco ha anunciado el compromiso de trabajar junto con el Congreso para retirar todas las reservas relacionadas con la tortura y otros malos tratos que se hayan formulado al ratificar Estados Unidos tratados de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura.
En cuanto a las medidas contra la impunidad que ha reinado durante estos años, es fundamental para el éxito de todo este proceso que se inicien investigaciones independientes sobre las prácticas de entrega extraordinaria, detención secreta e interrogatorio llevadas a cabo por Estados Unidos o en su nombre, y rechazar toda situación de impunidad por crímenes de derecho internacional. También queda por resolver la importante cuestión de las desapariciones. El Gobierno estadounidense debe dar a conocer los datos de todas las personas que han sido objeto de entrega extraordinaria o recluidas en centros secretos.
Finalmente, Obama debe anunciar que su Gobierno trabajará para garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos de las que autoridades estadounidenses podrían ser responsables tendrán un acceso efectivo a una reparación y vías de recurso.
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