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La caza como factor de decisión electoral

16 de Diciembre del 2022 - Eduardo Bros Martínez (Oviedo)

Por mucho que se empeñen en proclamar leyes con la idea autoritaria de una involución para la caza, no les quedará más remedio que encontrarle un sitio, o hueco, que no le impida desarrollarse tal y como la conocemos. La caza, en la actualidad, es un factor de decisión electoral que se ha convertido en un elemento básico para cualquier grupo de la clase política que haya obtenido la confianza del gremio de cazadores, puesto que supone una baza muy importante de cara al resultado final de unos comicios electorales.

Resulta normal que 800.000 cazadores españoles, bien secundados por los miembros de nuestra unidad familiar, lo cual eleva sustancialmente a conveniencia la cifra de votantes, sintamos la necesidad de reaccionar con contundencia informativa y de acciones reivindicativas en perfecta cohesión, ante la estrategias de acoso y derribo emprendidas contra una actividad con rasgo de identidad esencial. En este sentido, alguien con mando relevante en plaza ha evaluado de manera interesada el mensaje que le hemos enviado los cazadores en nuestra última macromanifestación y, ante el riesgo previsible de sufrir un impacto negativo en la captación de votos, que le pudiera asomar al precipicio, haya advertido, en propio provecho, que ese proceso encubierto de desmontaje del vigente ordenamiento cinegético español que supone la Ley de Defensa y Bienestar Animal está mal hecho, exigiendo, al parecer, a los autores del desatino legislativo en cuestión, correcciones en el texto que minimicen daños a la caza. Y es que con los votos que dan de comer no se juega.

Una España con caza es algo consustancial con su propio ser. Ilegalizarla, sin razones obvias que lo determinen, es de pleno una auténtica irresponsabilidad: traería consecuencias no deseadas para la economía en general, de afectación directa al mundo rural y para la sostenibilidad de las especies silvestres. Los ideólogos y ejecutores del bodrio en cuestión, ante la imposibilidad de declarar el fin de la caza, se han decantado por manejar, como táctica, la opción maliciosa de incluir en el texto de la Ley objeciones penales de grado superior a las anteriores, para que actúen en formación intimidatoria, a fin de causar desasosiego e incertidumbre en el cazador que le motiven a abandonar.

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