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Sahara Occidental: treinta y cinco años de infamia

9 de Noviembre del 2010 - Armando Miranda (Oviedo)

Hace ya treinta y cinco años que la «marcha verde» orquestada por el régimen despótico de Hassan II de Marruecos tiñe al Estado español con el infamante color marrón, el mismo de las deyecciones en forma de melena de un agonizante, en palabras del poeta León Felipe, «sapo iscariote y traidor». Y es que hace treinta y cinco años, los entonces jerarcas de la dictadura, y los futuros, abandonaron a su ¿suerte? a miles de personas, muchas de ellas con carné de identidad español y con procuradores que teóricamente los representaban en las Cortes franquistas. Y lo hicieron cobardemente, escapando del Sahara Occidental, la colonia que como potencia administraron, haciendo dejación de sus responsabilidades jurídicas, políticas e históricas y, lo que es aún peor, entregando, desamparadas, a aquellas personas y su tierra a la sultánica voracidad del rey alauita.

Y es que en su patriótica y particular escala de prioridades, los llamados a gestionar la herencia del dictador pusieron todo su afán y esfuerzo en salvar la obra del «caudillo»; no fuera a ocurrir lo que en el vecino Portugal y se les acabara su negocio, al que obscenamente llamaban España.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos de España, tras la felonía cometida contra el pueblo saharaui, han perseverado en la «política» de mirar para otro lado, tratar de endosar a otras instancias la solución de un desgarrador conflicto que contribuyeron a crear y, a pesar de las evidencias, las provocaciones o, como vuelve a ocurrir ahora, la política de, ya que no tierra quemada, sí jaimas quemadas, esforzarse en tener contento al vecino del Sur, ahora dirigido por Mohamed VI, digno hijo de su padre, continuador de sus modos y, al parecer, merecedor de una extraña estima («hermano menor» ¿? del jefe del Estado español).

Conociendo los mimbres de la naturaleza del Estado marroquí, que no se caracteriza por su fervor democrático ni por un mínimo reconocimiento ni respeto a los derechos humanos, parece procedente que como ciudadanos exijamos a nuestro Gobierno que, «perejiladas» aparte, presione con todos los medios (que, dígase lo que se diga, no son pocos) para que se ponga fin de una vez a la política marroquí de convertir en parias, si no acabar con todos, los saharauis, legítimos dueños del Sahara Occidental, una zona rica en recursos naturales (fosfatos, pesca...) cuya explotación y beneficios «justifican» el obsceno proceder de los gobiernos.

El ejemplo de la sociedad civil española, que se vuelca en la ayuda solidaria y en el acogimiento de centenares de niños saharahuis año tras año, debería servir de ejemplo a nuestros gobernantes para dejarse de retórica huera, de consejos de «buen rollito» y relaciones preferentes en todos los órdenes (al más puro estilo de un «lobby» al servicio del sultán de turno) que no se cansan de preconizar y aconsejar conspicuos y «desinteresados» asesores y ex hombres de Estado. Porque la utilidad y eficacia de esa política se vio otra vez ayer, y no por casualidad, justo el mismo día en que el Estado marroquí y el Frente Polisario iban a sentarse en la ONU a discutir sobre el conflicto del Sahara. ¿De qué se puede dialogar en esas condiciones?

La lección de diplomacia, el brutal ataque de ayer contra el campamento saharaui en las inmediaciones de El Aaiún perpetrado por las «fuerzas del orden marroquíes» (vaya oxímoron en boca de un ministro del Interior de Marruecos) debe ser el último que el Gobierno de España consienta. Y así se lo debemos exigir los ciudadanos españoles, si no queremos convertirnos en cómplices portadores de la marca de la infamia que nos legó la dictadura franquista.

Armando Miranda,

Oviedo

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