El Tribunal Constitucional y los golpistas
En la vorágine de insultos, descalificaciones y palabras gruesas que unos y otros han conseguido que pasen a formar parte de la cultura política de este país, el adjetivo "golpista" no podía faltar, a veces utilizado sin mucho rigor, solo para zaherir; pero golpistas, haberlos, haylos. Hay gente a la que le parece que comparar a los independentistas catalanes tildándolos de golpistas con Antonio Tejero y Milans de Boch no es muy riguroso, es decir, que en este país no hay más golpistas que aquellos que entraron en el Congreso de los Diputados pistola y subfusil en mano y en ristre o el que sacó los tanques a pasear por las calles de Valencia. Sin embargo, yo creo que golpistas son todos los que atentan contra el Estado y contra la Constitución con posibilidades de éxito, con capacidad de subvertir el orden legal establecido, porque si las posibilidades de éxito no fueran requisito imprescindible para llamar golpistas entonces tendríamos cientos de miles. Y esos golpistas con posibilidades, algunos que tuvieron éxito el 29 de enero de 1981, están o estuvieron instalados en las más altas instituciones del Estado.
Pues bien, cuando tenemos la cultura política de golpismo asimilada pasar a implementarla es el paso lógico. Y para eso no hace falta entrar con una pistola en el Parlamento, sirve convocar referéndum ilegales, pasarse las resoluciones judiciales por la entrepierna cuando no nos gustan, exigir en el Congreso de los Diputados un gobierno de "salvación nacional" al margen de las urnas y de la mayoría parlamentaria, no renovar los altos órganos de la judicatura en los plazos establecidos y no dimitir cuando tu mandato está caducado desde hace muchos meses. Así que en este gallinero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Para llamar golpistas a otros, aunque lo sean sin duda alguna, hay que tener autoridad moral.
El Tribunal Constitucional ha aceptado por seis votos contra cinco en su largo pleno del lunes día 19 las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para paralizar las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos. Se trata de una medida tomada por un órgano que tendría que haber sido renovado, cumpliendo la Constitución, hace meses, una medida para paralizar una iniciativa torticera que buscaba mediante enmiendas a la ley, y no mediante un proyecto de ley, sortear la Constitución de forma express para, entre otras cosas, satisfacer las exigencias de los independentistas catalanes. No se debe, pues, poner en marcha el ventilador de la mierda a ver quién es más golpista, se trata, es una obviedad, de dejar diáfano que el golpismo institucional trabaja y funciona, pero también de apostillar que nunca puede ser bueno, porque sienta peligrosos precedentes, dando alas a otras formas aún más groseras de golpismo. Todos se la van a tener que envainar y dejar de jugar al golpismo, y nadie debería caer en la tentación de no aceptar las resoluciones judiciales, de intentar, otra vez, asesinar a Montesquieu, aunque los órganos superiores de la judicatura estén deslegitimados. ¿Es culpa de la Justicia, el tercer poder del Estado, que no se haya renovado el Tribunal Constitucional, o es culpa del Ejecutivo y del Legislativo, los otros dos poderes del Estado, y de los partidos políticos que los componen y los conforman?
J.J.J. Suárez González
Gijón
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