Expulsar del campo al árbitro
Finaliza el Mundial y hasta los más profanos manejaríamos con soltura nociones básicas del fútbol. El árbitro puede detener el juego, sacar tarjetas rojas o amarillas, expulsar del campo a un jugador, anular un gol, pitar penalti... Decisiones graves que influyen en el resultado del partido y afectan a los intereses de los equipos en liza y de sus respectivas aficiones. El árbitro puede cometer errores y su arbitraje concita raras veces la unanimidad; el equipo perdedor le endosa con frecuencia la responsabilidad de su derrota. Nadie le discute, sin embargo, que esté facultado para intervenir aplicando el reglamento.
El reglamento de la actividad política es la Constitución. El árbitro que vigila y garantiza que se juega limpio respetando el reglamento es el Tribunal Constitucional. Por eso se le llama también Tribunal de Garantías. Es aberrante que los miembros del Gobierno y los partidos que lo sustentan clamen contra "la intromisión del Constitucional" en la acción del Ejecutivo y en la actividad parlamentaria, cuando esa es precisamente la función específica de ese tribunal: vigilar que el Ejecutivo no se extralimite en sus funciones y que ni de los parlamentos autonómicos ni de las Cortes salgan leyes que entren en conflicto con la ley de Leyes.
Es inquietante escuchar al presidente del Gobierno y a sus ministros, y a los presidentes del Parlamento y del Senado, oponer la "mayoría" parlamentaria al Tribunal Constitucional. La Constitución es la expresión suprema de la soberanía. Cualquier Gobierno o institución del Estado que se ponga por encima o al margen de la Constitución y rechace el arbitraje del Constitucional se sitúa fuera del juego democrático. Venga, Pedro, afloja el último esfínter y suelta lo que te pide el cuerpo: -"La democracia soy yo".
Con sus trampas y atajos, busca Sánchez expulsar del campo al árbitro constitucional sustituyéndolo por el suyo, que solo pitaría falta a la oposición (como si el árbitro para la final del Mundial lo hubiese escogido Messi). Sánchez tendrá que encargar a la cocina de Bolaños una enmienda exprés del art. 9 de la Constitución: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".
"La democracia española tiene un problema, la oposición no reconoce al Gobierno" (Sánchez en la sesión de control del pasado miércoles). El problema de la democracia española es que el presidente del Ejecutivo, su Gobierno, su partido (el Partido Socialista reconstituido) y su partida ("los que nos queremos ir de España") no reconocen el arbitraje del Constitucional ni la soberanía de la Constitución sobre su mayoría coyuntural y contra natura.
"Este arbitraje del Constitucional es un caso inédito", claman los sanchistas de convicción y los de conveniencia. "Trump será el primer expresidente americano procesado", lamentan despechados los trumpistas. Sánchez y Trump serían dos ejemplares únicos si no fueran dos y muy poco ejemplares.
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