Siguen sin salirme las cuentas
La Constitución española señala en su Título VII, artículo 128:
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrán reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Blanco y en botella. ¿Caben interpretaciones torticeras que impidan poner coto a las miserables e insultantes subidas en el precio del sector alimenticio? Al parecer, sí. De lo contrario no se entiende la ¿incapacidad? o el ¿miedo? a desarrollar el precepto constitucional en su literalidad.
Ninguna otra constitución europea es tan clara y meridiana como la española en poner en valor la defensa del interés general por encima de los legítimos intereses privados. La derecha española, más preocupada en asegurarse el control judicial, los intereses de la iglesia y lo que para ellos era y es, el sagrado principio de unidad territorial, en el momento de redactar la Constitución se "dejaron colar" el artículo 128 (si pudieran lo cambiarían porque para ellos huele a comunismo).
No obstante, el mismísimo Emmanuel Macron (al parecer, un estalinista irredento) convenció al resto de fuerzas políticas con el aplauso de la ciudadanía en su conjunto de que, ante la subida escandalosa de los precios de la energía, se procedía a la nacionalización de EDF, uno de los buques insignia del sector energético francés. Algo, al parecer, impensable en España a pesar de disponer del amparo constitucional más amplio que el francés. No, no me salen las cuentas.
Las medidas tomadas por el Gobierno en materia de inflación no van al origen del problema porque, reducir el IVA (medida siempre reclamada por PP/Vox), tiene un efecto perverso, beneficia mínimamente a las rentas más bajas, produce carcajadas a las rentas altas porque la medida no les hace ni cosquillas (es calderilla para ellos); mantienen el "statu-quo" de quienes se están enriqueciendo inmoralmente (en el caso de la alimentación, las grandes superficies y distribuidoras de alimentos básicos), mientras el Estado recauda menos. Menos recaudación, menos servicios públicos, menos políticas sociales. No, no me salen las cuentas.
La aplicación del descuento de 20 céntimos a los carburantes durante el año que ha terminado y que desaparece con carácter general en este 2023 ha supuesto que las familias más ricas se beneficiaran de la medida del Gobierno en un 40% del total y al Estado (es decir, a todos nosotros) le ha supuesto un coste total de 4.500 millones de euros. Menos dinero para los servicios públicos.
Las permanentes bajadas del IVA para controlar la inflación han tenido un coste total para las arcas públicas de 4.000 millones de euros, mientras las petroleras, la industria energética, la alimentación siguen haciendo sus particulares agostos.
Yo debo de ser muy torpe, porque no soy capaz de entender dónde radica el problema para poner en marcha el precepto constitucional que pone en valor la primacía del interés general por encima del interés privado. Repetimos, articulo 128: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".
Si esto ocurre con un Gobierno progresista, ¿nos imaginamos lo que ocurrirá con un gobierno de PP/Vox?... Bueno, en realidad no es pertinente la pregunta, ya sabemos lo que ocurrió con M. Rajoy, pero quizás sí es pertinente que el Gobierno reflexione sobre la "paradoja" que, encuesta tras encuesta, nos señala que la misma gran mayoría de ciudadanos (70 por ciento) que considera que su economía familiar va bien es la que señala que la economía del país va mal. Dar respuesta a la paradoja quizás al Gobierno sí le ayude a que le salgan las cuentas.
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