Lugares

En Chonchocoro está el penal de alta seguridad de Bolivia y allí está preso Camacho, el empresario y líder de Santa Cruz que se negó durante dos años a acudir a la demanda de la justicia boliviana por los hechos del golpe de Estado de 2019, hasta que finalmente fue apresado, iniciándose el procedimiento judicial por su intenso protagonismo muchas veces relatado por él mismo, como que fue su familia la que “acordó” de manera privada el actuar de los militares en aquella asonada, que resultó en varias masacres, y en todo caso queda constancia filmada de su pantomima en el palacio quemado, cuando fue a sustituir la bandera indígena wiphala por una biblia, como supuesta “recuperación” blanca frente a los pueblos originarios que habían adquirido demasiado protagonismo en el país multidiverso. “La Pachamama nunca volverá al Palacio. Bolivia es de Cristo”, dejó dicho de manera tan rotundamente equivocada.

El entorno de Camacho (el “Bolsonaro boliviano”, pero más rico), además de destrozar a diestro y siniestro en Santa Cruz edificios institucionales y casas particulares, ha alegado falta de salud del empresario, pero las autoridades bolivianas han respondido que puede disponer de 5 médicos generales en turnos de 24 horas, 2 licenciadas en enfermería, 5 especialistas del hospital de Clínicas, 1 reumatólogo, 1 inmunólogo, 1 médico internistas, 2 emergenciólogos y 1 terapista intensivo. También están dispuestos laboratorios del estatal Inlasa y una ambulancia categoría C. Cosa que otros presos menos ilustres no tienen.

En la gravedad de los hechos de violencia protagonizados “en defensa” de Camacho en Santa Cruz, no se ha producido represión gubernamental que resulte en víctimas mortales, lo que poderosamente contrasta con las más de 50 personas asesinadas en su vecino país, Perú.

En Juliaca, Hullaqa, departamento de Puno, ha ocurrido la segunda matanza de manifestantes por orden del Gobierno de Lima. La primera de las matanzas se había producido en Ayacucho.

Que Juliaca permanezca varios días en huelga y cerradas sus tiendas numerosas se nota, pues es uno de los lugares más comerciales del país andinoamazónico. Por allí pasa también el ferrocarril (no pocas veces apedreado por los niños que ven cada día la onerosa desigualdad de trato a los turistas, con vagones exclusivos), y por sus vías se comunica altiplánicamente con el Estado Plurinacional de Bolivia, con el que comparte el impresionante lago Titicaca y algunos de los Apus o montañas sagradas, según la consideración espiritual de quechuas y aymaras.

El Gobierno, al que los manifestantes acusan de asesino, con pruebas palpables, además de balas envía sobre los pobladores andinos andanadas de insultos y criminalización (el “terruqueo”, que es una habitual expresión fujimorista de acusar a todo el mundo de senderistas-luminosos, para tratar de justificar los ataques y la represión), y, como ello no es bastante ni creíble, ha procedido a acusar al vecino, y en concreto a Evo Morales, de influir en las movilizaciones, y le ha prohibido ingresar al Perú. Diecinueve son ya los muertos-matados en Juliaca, y otro más en Puno, el comunero Remo, del que se dice y recuerda en su funeral que su “servicio a la comunidad” (es así como se ejercitan las responsabilidades comuneras, como un servicio comunitario al que sus integrantes estarían en obligación de compartir) y su solidaridad rebelde provienen de su abuela, y de su abuelo, que habría sido compadre del veterano dirigente campesino Hugo Blanco.

Antes, la primera matanza masiva había sido en Ayacucho. Ya saben, allí donde se producía una de las batallas decisivas por la Independencia, y las tropas realistas-coloniales-españolas recibieron contundente derrota. Ahora, la cifra de asesinados directamente por los militares asciende a otros 18, y parece que los ataques más mortíferos se hicieron desde los propios helicópteros militares.

La férrea censura (o complicidad mediática con la represión) hace que no se mencione tampoco la región amazónica, donde las organizaciones de Selva han convocado movilizaciones y han cortado rutas en Madre de Dios, en Tarapoto, incluso en Bagua (ese lugar en que Alan García, el presidente que se pegó un tiro antes que ir a la cárcel, procedió a ordenar una represión que culminó en la masacre de Bagua-Curva del Infierno un 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente).

Comunidades y autoridades tanto andinas como amazónicas tienen anunciada presencia en Lima desde este lunes en adelante, en demanda de justicia por sus deudos asesinados y exigiendo la dimisión del Gobierno y del congreso. El Gobierno, de facto, ha decretado hoy estado de emergencia en Lima, Callao, Cusco y Puno, para seguir alimentando la represión y su impunidad.

Brasilia, capital federal, ha recuperado su normalidad tras la asonada probolsonarista que destrozó espacios de los Tres Poderes (legislativo, ejecutivo, judicial), como ha sido ampliamente conocido, pero no suficientemente analizadas sus consecuencias (que podrían ser, tal vez, negativas para la ultraderecha brasileña y para sus alianzas en las iglesias evangélicas, de “alto poder” en la política del país de Niemeyer).

En Buenaventura discurre la crónica positivista de Patricia Simón, en la que la periodista andaluza con raíces en Asturias descubre un tiempo nuevo, sin asesinatos, sin que estén funcionando las casas de pique donde tradicionalmente cortaban en pedazos los cuerpos de personas para infundir terror, y para desalojar a los pobladores para que el negocio del puerto discurriera según los planes empresariales, que relata Eduardo Romero en el libro “¿Cómo va a ser la montaña un dios?”, donde Buenaventura y los empresarios portuarios, incluyendo a los Alvargonzález asturianos, son beneficiarios directos del terror generado en la población negra de los palafitos: ahora Patricia nos recuerda el tiempo de tregua, de construcción ciudadana y territorial de otro espacio para una posible convivencia y paz, como “laboratorio” de lo que podría y debería construirse en todo el país macondiano.