Abrir las ventanas y respirar
Tengo el convencimiento de que ni Cataluña ni ninguna otra comunidad española (salvo cuatro familias de ricos, especuladores, fanáticos y tribales) quiere ni le interesa separarse de España, pero tanto la presión extractiva independentista como el falsario tira y afloja de los gobiernos central y autonómico han llegado a tal punto que estoy dispuesto a facilitar que el presidente Sánchez pase a la posteridad no por sacar a Franco del Valle de los Caídos, sino por el hecho mucho más “meritorio” de haber propiciado el desmantelamiento de España, empezando por Cataluña.
Mi convencimiento parte de que:
1. Nuestro Gobierno haya pactado con ERC la reforma del delito de malversación, con lo que los independentistas podrán desviar fondos para financiar este despropósito sin que sean represaliados;
2. Nuestro Gobierno haya despenalizado el delito de sedición, que evitará que terminen en la cárcel cuando repitan, como han prometido, su rebelión de 2017, y
3. El hecho de que, si no es por mayoría absoluta, tanto PSOE como PP necesitarán para gobernar el comodín ERC, que a cambio seguirá exigiendo, sí o sí, por medios legales o ilegales, el referéndum “in aeternum”.
Preparados, listos...
Si hay que negociar la separación, por muy triste y lamentable que sea, debemos hacerlo aprovechando la ansiedad independentista, pero siempre de acuerdo con la ley, la Constitución y el compromiso absoluto de respeto a los dictámenes judiciales.
Si se vota independencia, se vota con todas las consecuencias. No vale eso del soberanismo asociado, de nos separamos para luego unirnos. No se puede estar a medias dentro de un país: o se está dentro o se está fuera.
La premisa es que “en todos los procesos de separación el flujo comercial baja un 25%, y si el flujo comercial baja, aumenta el paro, y si aumenta el paro, baja la recaudación, y si baja la recaudación, las pensiones hay que bajarlas y también el gasto público social”.
Desde esa perspectiva, los independentistas deben explicar sin subterfugios en qué consiste su proyecto político, cómo se va a realizar, cuánto va a costar, qué beneficios tendrá para sus ciudadanos y, fundamentalmente, qué sacrificios exigirá y qué privilegios se perderán en el camino.
Está en juego el derecho de los catalanes y de sus descendientes a ser españoles; por lo tanto, los secesionistas tienen que saber y aceptar que, si entramos a negociar la escisión, tendrán que contar con la posibilidad de que una parte de su territorio opte por quedarse con España, o la posibilidad de que una parte de la población de ese nuevo Estado independiente pueda, posteriormente, separarse a su vez y volver a España.
La secesión supondrá la liquidación inmediata, activos y pasivos, de todas las obligaciones y los vínculos económicos, comerciales, culturales, deportivos, políticos, sociales o en términos de deuda que el Estado español y la UE puedan tener con Cataluña.
Una decisión tan trascendental, grave y, probablemente, irreversible afectaría también al resto de los ciudadanos del Estado, así que no sirve una mayoría ocasional que puede cambiar según sople el viento de la política o de la economía.
Exige, por lo tanto, un consenso muy serio en los dos referéndums. Una mayoría en el de la comunidad autónoma de Cataluña de al menos un 60% de los votos favorables a la secesión, y un 51% en el del resto de España.
Esa es, en síntesis, la “ley de claridad” de Stéphane Dion que dice preferir Pere Navarro.
Ahora, disipemos dudas y traidores y votemos de una vez: SÍ o NO.
Saludos cordiales.
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