Castilla y León
He asistido estos días a una intensa información sobre las medidas que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León anunció tras la reunión del Consejo de Gobierno el pasado viernes.
Solo tres reflexiones sobre la polémica desatada tras el anuncio.
La primera trata sobre "el ataque a la libertad de las mujeres" que suponen las disposiciones anunciadas por el vicepresidente.
Si una persona cualquiera acude a un hospital, público o privado, para solicitar por ejemplo la amputación de un brazo, debido a los fuertes y persistentes dolores que le provoca en el mismo una antigua lesión, estoy seguro de que ningún profesional de la medicina aceptará su petición sin antes informarle de que existen otros medios menos traumáticos para eliminar el dolor. Nadie en su sano juicio considerará esta información médica como un atentado a la libertad de la persona que solicita esa amputación.
En todos los medicamentos es obligatorio incluir un prospecto que explique las posibles contraindicaciones para la salud del consumidor, sin que se considere esta medida una coacción a la libertad de consumir o no el medicamento sino como una información útil para el paciente.
Cada vez son más los medicamentos que es obligatorio expender con receta, sin que tal exigencia se considere una pérdida de libertad.
Por último, la ley habla de la libertad para abortar o no en mujeres de 16 años sin intervención de los padres o tutores ni por supuesto de expertos. ¿Está realmente preparada una adolescente para tomar una decisión tan importante y traumática sin intervención de los padres o tutores y expertos?
En resumen: ¿por qué se considera un atentado a las libertades básicas de la mujer dar una información sobre posibles soluciones alternativas al aborto sin que ello implique coacciones a su intención? ¿Tiene una adolescente formación suficiente sobre esta decisión sin información adicional?
La segunda trata sobre la "celeridad" con la que ha reaccionado el Gobierno de la nación ante el anuncio de esas medidas.
El Gobierno central asiste impávido a la negativa a implantar por parte del Gobierno de Cataluña la sentencia firme sobre la exigencia de dar al menos el 25% de las clases en español, provocando un claro perjuicio a los padres que desean esa formación, aduciendo que el incumplimiento de esa sentencia es asunto de los jueces y que no quiere entrometerse en temas judiciales internos de la comunidad catalana.
También asiste impertérrito a los homenajes a los presos pertenecientes a ETA que realizan los ayuntamientos vascos al regresar a sus pueblos, cada vez más frecuentes debido a que tras su traslado a cárceles vascas se les concede rápidamente el tercer grado.
Pero en el caso del anuncio de la Junta de Castilla y León, un domingo por la tarde el Gobierno central emite una disposición amenazando con aplicar todas las medidas necesarias a su alcance para detener esa normativa, y exigiendo su inmediata anulación.
Llama poderosamente la atención que el Tribunal Constitucional lleve trece años sin emitir una sentencia sobre la última ley del aborto, por lo que extrañan aún más las prisas del Gobierno central por atajar la iniciativa del Gobierno de Castilla y León.
En resumen: ¿por qué tanta celeridad ante una disposición pendiente de desarrollar y aplicar y tanta pasividad ante actuaciones ya consumadas en otros gobiernos autonómicos o ante incomprensibles retrasos judiciales?
La tercera es sobre "los negativos efectos que las disposiciones del Gobierno de Castilla y León tienen sobre las expectativas electorales del partido popular".
Informar a las mujeres sobre la posibilidad de alternativas que protejan la vida del no nacido, sin que esas alternativas supongan un peligro para ellas, y por supuesto sin que suponga una coacción sobre sus intenciones iniciales, tiene al parecer consecuencias negativas electorales. Es sorprendente que sea el propio Partido Popular el que asuma esas consecuencias, desmarcándose de su socio de gobierno y criticando la medida.
Sin embargo, proteger por encima de cualquier otra consideración la "libertad" de la mujer para decidir sobre el aborto, prohibiendo que se le suministre información adicional dada por expertos, parece que tiene un plus electoral.
En resumen: ¿cómo es posible que ofrecer información neutra sobre otras alternativas a mujeres que expresan su intención de abortar tenga consecuencias negativas en la expectativa de voto de una formación política?
Destaca la aceptación sin resistencia por parte de una gran parte de la sociedad de las teorías y prácticas impulsadas por un progresismo que no admite oposición a sus ideas sin descalificar a quien las emite. Este escrito no descalifica nada ni a nadie, sino que ofrece motivos de reflexión ante hechos que tal vez tengan consecuencias dignas de ser tenidas en consideración.
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