DD HH Naciones Unidas en Colombia
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llevó a cabo una visita oficial a Colombia del 24 al 25 de enero, durante la cual el Gobierno de Colombia extendió el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país hasta el 4 de abril de 2032.
Y hoy la XIX Delegación asturiana de verificación a los DD HH ha podido conversar y compartir hallazgos en sede ONU con los responsables Carlos de la Torre y Liliana Ramírez.
"Registrando que, en consideración a desarrollos tales como la vinculación de Colombia a los principales instrumentos internacionales de derechos; el enfoque transversal de una cultura de respeto y promoción en materia de derechos humanos a través de estrategias, planes y programas; y la firma, el 24 de noviembre de 2016, del ‘Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’ entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como la celebración del presente instrumento, el Gobierno renueva su compromiso de mantener la presencia de la Oficina en el país".
102 personas son las encargadas de esta tarea. (La otra Misión de la ONU relativa al seguimiento de la Paz la componen 600 personas).
Hay, pues, una responsabilidad alta, en misión, en personal destinado, en presupuesto, como para esperar resultados.
La delegación asturiana ha relatado su recorrido por Tumaco, Pasto, Mocoaa, Puerto Guzmán, Villagarzón, Pitalito, Casanare, Arauca y la cárcel de la Picota.
La oficina-ONU ha constatado el impacto de la violencia en territorios, 169 municipios los catalogan de riesgo alto, el año 2022 fue de muy altas cifras, con 256 defensoras/es afectados y 116 asesinatos.
Consideran que el Plan de Emergencia aprobado con celeridad por el nuevo Gobierno no ha tenido todavía impactos.
Las partes más afectadas son las JAC, las autoridades indígenas, los líderes campesinos con un porcentaje del 77% en que los perpetradores son los grupos armados, y en segundo lugar los "grupos de poder económico y local" ligados a alcaldes y políticos locales.
El actual Gobierno reconoce los hechos, mientras que el anterior los negaba.
La iniciativa "puestos de mando para la vida" para una respuesta integral la valoran en positivo, pero al delegarse en gobernaciones y alcaldías (que no tienen la confianza de la población) se diluye su eficacia.
La fuerza pública en la formulación de "seguridad humana" no la aplica en temas operativos, y por lo mismo no se protege a los defensores.
Al no verse transformaciones, la ventana de oportunidades se acorta, y el escenario de elecciones en octubre puede empeorar la situación de violencia.
Respecto a la UNP como encargada de la protección de líderes, ha tenido que pasar del antiguo DAS, desmantelado por una enorme corrupción que llegaba a que se contrataran carros blindados que no lo eran, y que se espiara a las personas a proteger, con un simple cambio de chaqueta con personal similar en muchos casos señalados de violadores de DD HH.
El nuevo director en estos meses ha puesto en evidencia la corrupción y la ineficacia. Consideran que hay una alta impunidad que perjudica a la unidad de protección.
Por otra parte, muestran mucho interés en el programa de protección asturiano, y se comprometen a interesarse por los casos acogidos cuando regresan a Colombia.
"La defensa de la vida de todas/os las/os colombianas/os en todas las regiones es esencial para la paz. Seguiremos apoyando a lideresas y líderes en Colombia como fuerza de transformación de la sociedad y construcción de paz".
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