Hace falta una auditoría de la sanidad pública
Anda revuelto el sector sanitario con manifestaciones de carácter "asindical", que es una manera de censurar a los sindicatos representativos, como si éstos lo fueran por mandato divino. Será porque ante las próximas elecciones sindicales quieren coger su cacho de tarta, algo muy legítimo, pero no es ético, desacreditando a los rivales en las urnas porque el enemigo siempre está en la otra orilla.
Es muy importante la sanidad pública y debe defenderse en la calle o en las mesas de negociación, para mejorar la calidad asistencial y una justa retribución de los profesionales que han soportado un gran estrés con la pandemia y padecen una forma de contratación - como ocurre en otros sectores- donde hoy tienes empleo, mañana no lo sabes y así es muy difícil desarrollar tu responsabilidad profesional.
Pero hay algo que llama la atención: Asturias es una de las comunidades donde más se invierte en sanidad por habitante, casi dos mil euros en 2022 y superará esta cifra este año, con una gran diferencia con respecto a otras comunidades como la madrileña, catalana o andaluza. Las ratios de personal sanitario están dentro de los parámetros medios nacionales, aunque en conjunto sigan siendo bajas, pero vas a las consultas y ves que existen tiempos muertos y pocos pacientes en espera, dando la impresión de que no existe ese atasco que se transmite con tanta demora en las citas.
Sin embargo, las cifras globales son contundentes: tenemos cien mil pacientes esperando una primera consulta de especialista y veintitrés mil pendientes de intervención quirúrgica, con una población cada día más envejecida que no presagia ninguna mejoría. Todo esto ha contribuido, lógicamente, a ser el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de los seguros sanitarios privados, que ya están padeciendo también el atasco en sus clínicas.
En esta sociedad estresante, competitiva, individualista y cada día menos comunicativa la salud es lo primero que se resiente, incluida la mental que va en aumento. Por ello es imprescindible mejorar el sistema sanitario público, que, no estando bien a nivel general, tiene unos desfases tremendos de unas comunidades a otras. El Gobierno central debería establecer mecanismos de control y corrección de estas diferencias, pues las competencias autonómicas no pueden significar agravios geográficos.
La duda que surge es si se están aprovechando correctamente tanto los enormes recursos económicos como profesionales o existe detrás un problema de organización/gestión que hace ineficaz el incremento de presupuesto y el aumento de las plantillas. Tiene que realizarse una auditoría externa sobre la sanidad pública antes de que se nos vaya de las manos para los fondos privados, cada día más voraces y al acecho.
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