Defendiendo siempre el Estado de Derecho
No deja de sorprenderme que algún medio de comunicación siga con la "matraca" y la fabulación de los "negocios de Cascos". Por qué, me pregunto, siguen dedicándole tanta tinta a algo que no es ilegal ni lo ha sido? Que hay de ilegal en que alguien, sin incurrir en incompatibilidad legal por haber sido ministro de Fomento, entre otras responsabilidades públicas, y sin recurrir a las "puertas giratorias" como otros, busque la forma de vivir una vez que abandone la política? Qué hay de ilegal en que sus compradores sean, en algunos casos, adjudicatarios de obras públicas en su momento? Delito sería haberlo hecho siendo ministro y delito sería no haber presentado sus declaraciones fiscales y societarias. Pero no es el caso de Cascos. Sí es sucio y oscuro lo que hay detrás de que a una persona se le dediquen tantas páginas no para informar sino para ensuciar su imagen y violar sus derechos fundamentales. Hay un daño evidente a la persona de Francisco Álvarez-Cascos y parece que solo nos importa a quienes defendemos la presunción de inocencia y el Estado de Derecho.
Y es cuando menos fea la intencionalidad de quien escribe emitiendo continuos juicios de valor como cuando se afirma que Cascos "en su comunicado deriva toda la responsabilidad en su exmujer...", cuando Cascos lo que ha hecho es decir lo que está en los papeles y que es que su exmujer era administradora única de Aqualium.
Y es feo y machista -y no sé en qué agujero están las feministas que se callan- insinuar que María Porto era una "mujer florero" al decir "... la empresa donde nominalmente aparece su esposa como administradora...". "Nominalmente". ¡Es increíble!
Y es feo y machista restar importancia a la profesionalidad de María Porto como directora de la galería Malborough diciendo que primero fue recepcionista de la misma. ¿Qué aporta ese machista añadido a la información?
Y es feo y malintencionado y no aporta nada a la información hablar de ella como "tercera exesposa", aunque lo sea. Es innecesario.
Por lo demás, algún medio habla de que la documentación de la que hablan y a la que "han accedido" está "en poder de la Fiscalía".
Y yo pregunto: ¿el acceso a esa información ha sido lícito? Y a la vez que pregunto, recuerdo el artículo 197 del Código Penal español, a cuyo tenor: "El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas o mensajes o cualesquiera otros documentos o efectos personales... será castigado con las penas de prisión y multa...". "Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice... en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes... o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado...".
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