Atentado en Bogotá
Se ha denunciado el atentado grave en Colombia contra el director de la Unidad Nacional de Protección UNP, es decir, el encargado de proteger a los liderazgos sociales.
Es sabido que este director ha venido señalando la corrupción en la UNP, donde había carros comprados como blindados y que no lo eran, y donde se camuflaron y camuflan antiguos agentes del DAS, estructura eliminada por el Estado al ser declarada "criminal" durante el Gobierno de Santos, y que espió incluso en Asturias.
La protección de líderes sociales resulta vital en los territorios, para lo cual el nuevo Gobierno ha establecido diversos mecanismos y "mesas de garantías" y "puestos de mando unificados" para tratar de revertir la situación.
Sin embargo, el informe de la ONU del 2022 presentado este 3 de marzo indica que fue uno de los años más violentos contra las personas que ejercen liderazgos comunales, indígenas, afros y campesinos, y en lo que va de año 2023 Indepaz ya reporta 23 líderes-lideresas sociales asesinados (de 1.432 desde que se firmó la paz), 2 firmantes de paz (de 350 desde que firmaron) y 21 masacres.
En todos los territorios del recorrido reciente de la XIX Delegación asturiana de verificación a los DD HH se ha reportado la dificultad de que la UNP atienda adecuadamente las demandas de protección frente a amenazas en curso, muchas veces por un bloqueo administrativo desde dentro, otras por la ineficacia de coordinación entre fiscalía y UNP, y otras largas tramitologías que impiden que la UNP cumpla a cabalidad su función de proteger las vidas de liderazgos sociales que son imprescindibles para la construcción y fortalecimiento de democracia.
El atentado contra Augusto Rodríguez tendría relación con las "mafias de la contratación", según indican de Presidencia, es decir, con el negocio montado por los gobiernos anteriores de Uribe, Santos, Duque, alrededor de una Unidad que también recibe aportes extranjeros, entre ellos de la Unión Europea.
También se reporta atentado contra Ana Teresa Manjarrés, gobernadora indígena del cabildo El Vergel, Santa María, Huila, quien está fuera de peligro junto con su familia y persona de protección de la UNP.
Su vivienda y vehículo (esquema, UNP) fueron incendiados por el grupo armado que la atacó.
En algunos casos específicos y acordados la protección a través de la UNP se da con personal "de confianza" de las organizaciones, que reciben un curso especial para ello: es el caso de las numerosas personas de protección (y de confianza de varias redes de DD HH) que acompañaron y protegieron a la delegación asturiana a final de febrero en Nariño y Putumayo.
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