La Educación Social logra el consenso

Cada vez más, en los medios de comunicación, asistimos a la descalificación o el insulto entre la clase política; nos quejamos de la falta de diálogo y de consenso, tan necesarios para avanzar; pero curiosamente, cuando confluye el interés general y el avance de la sociedad, y nuestros/as diputados/as se ponen de acuerdo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, resurgen inmovilistas que persiguen que nada cambie.

La paradoja asturiana es que la Educación Social ha logrado el acuerdo unánime de la clase política estos últimos años. En 2014, se aprueba la ley de creación de Colegio Profesional de Educación Social del Principado de Asturias, con el apoyo unánime de la cámara, donde la entonces consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, declaraba que esta ley de creación del Colegio Profesional traería “mayores garantías a los ciudadanos”, y con ese espíritu hemos trabajado a lo largo de estos nueve años.

En 2017, Podemos Asturies presentó una proposición no de ley solicitando la regulación de la profesión, que todos los partidos apoyaron por unanimidad; años más tarde, en 2021, es el Partido Popular el que de nuevo presenta con el mismo objetivo otra proposición no de ley, que de nuevo se aprueba por unanimidad de toda la cámara asturiana. En 2022, las enmiendas presentadas al anteproyecto de ley por Foro Asturias, PP, Podemos, IU y PSOE, y el apoyo de Ciudadanos y Vox, propiciaron la incorporación del cuerpo de Educación Social a la nueva ley, colocando la profesión en Asturias a la misma altura que otros territorios de nuestro país, desde 2002 como Cataluña o Comunidad Valenciana en su ley aprobada en 2021.

Una vez conocido que en la nueva ley de Empleo Público del Principado de Asturias se incorporará el cuerpo funcionario de Educación Social, las noticias vertidas por algunos sindicatos estos días han desatado un nivel de crispación en el contexto laboral que está afectando gravemente a la necesaria convivencia y respeto entre profesionales, que entendemos nunca debe verse dañada; y por ello, y con el ánimo de que esta escalada de tensión no continúe y aclarar algunas cuestiones, desde el Colegio Profesional de Educación Social del Principado de Asturias consideramos necesario recordar:

1. La próxima ley de Empleo Público supondrá para la ciudadanía un avance en derechos y garantías para ofrecer un servicio de calidad y recibir una atención profesional y técnica adecuada, al igual que ocurre con el resto de profesiones tituladas. La Educación Social es una profesión con la misma regulación profesional que otras disciplinas de la intervención social, como la Psicología o el Trabajo Social, tal y como viene recogido en el Boletín Oficial del Estado y como el Espacio Europeo de Educación Superior estableció en los objetivos de Aneca, en la promoción y aseguramiento de la calidad.

2. Agradecemos a todos los grupos parlamentarios asturianos la altura de miras y que hayan considerado necesario incorporar el cuerpo de Educación Social funcionario, cuestión fundamental, exigiendo por ello el título de grado en Educación Social o diplomatura para ejercer la Educación Social en Asturias (una obviedad en cualquier otra disciplina), con profesionales funcionarios que coexisten en muchos otros casos con personal laboral, como ocurre en otras muchas categorías, pero siendo plenamente conscientes de que estos procesos llevan parejos periodos de transición que no deben empañar el avance alcanzado.

3. Tras las últimas informaciones vertidas por parte de algunos sindicatos, como USIPA y CSIF, en las que se nos acusa de excluyentes, nos vemos en la obligación de aclarar que entre nuestras responsabilidades como colegio profesional (ley 2/1974 de 13 de febrero), como corporación de Derecho Público que somos, una de nuestras responsabilidades se centra en la defensa de los derechos de la ciudadanía y el ejercicio de una buena praxis profesional de acuerdo a nuestro código deontológico, como así se viene haciendo en el resto de profesiones colegiadas. No creemos que la nuestra deba ser menos, ya que en la Administración Pública tiene la responsabilidad de atención directa, entre otros, a menores en situación de desprotección, problemas de conducta o con necesidades educativas especiales, menores infractores u otros contextos claves como la educación formal, el ámbito sanitario, la discapacidad o las personas mayores, donde la falta del cuerpo funcionarial nos impide intervenir, por lo que esta ley viene para garantizar lo señalado.

4. Ante las dudas que estos sindicatos manifiestan de que no haya suficientes profesionales en Asturias, no deben preocuparse, ya que somos más de mil titulados solo en Asturias, a lo que debemos unir a quienes han realizado sus estudios en comunidades limítrofes como Castilla y León, impartida en cinco universidades; Galicia, con tres universidades, o el País Vasco, con cuatro universidades. ¿Se justifica que en Asturias no existan los funcionarios veterinarios o arquitectos porque nunca ha existido Facultad en Asturias?

5. A su preocupación por la limitación de la promoción interna de auxiliares educadores, debemos recordar la importancia que estas profesionales realizan, y al que se accede únicamente con el título de la ESO (ni siquiera Bachillerato), cuestión que nos preocupa y de la que hace años insistimos a la Administración desde nuestro colegio profesional. Precisamente este podría ser un buen momento de dignificar a estas compañeras con otra categoría y otros requisitos de acceso más adecuados a sus funciones.

6. No solamente ningún trabajador/a pondrá en peligro su puesto de trabajo como personal laboral de la Administración asturiana, sino que los procesos de estabilización que están en marcha, docenas de “educadores/as”, conseguirán en los próximos meses mediante concurso tener una plaza fija, lo que sin duda entendemos es una transición que asentará definitivamente sus puestos de trabajo.

7. USIPA asevera que fue el único sindicato que demandó y ganó un juicio frente a nuestro colegio profesional, y tampoco es correcto; quien presentó recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n.º 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 429/19 sobre personal, fue nuestro colegio profesional frente a la Viceconsejería de Administraciones Públicas, a la que se personaron como parte interesada tanto el sindicato USIPA como CSIF en defensa de los intereses de sus afiliados, para perpetuar este sinsentido.

8. En el caso de otros sindicatos como es el caso de UGT y CC. OO., el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda Castelló, firmó el 2 de abril de 2019, con la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadores y Educadoras Sociales, el acuerdo donde se establecen los compromisos para regular la Educación Social y garantizar intervenciones socioeducativas profesionales y de calidad en todo el ámbito estatal; de igual forma que, en marzo de 2018, la Federación de Enseñanza de CC. OO. firmó el mismo acuerdo para todo el Estado con el Consejo General a través de D. Francisco G.ª Suárez como secretario general y D. Diego Rodríguez Villegas como responsable de Menores.

9. Estos acuerdos vigentes hace años se unieron a los diferentes intentos de conversación mantenidos por las diferentes juntas de gobierno del Copespa, incluso muchos años antes, cuando éramos Asociación Profesional Apespa, con todos los sindicatos, sin que fuera posible establecer ningún tipo de diálogo, lo que ha colocado a nuestra Administración pública en una situación insostenible ante la falta de acuerdos. La situación en Asturias es tal que una comunidad como Cataluña, que lleva 22 años con sus funcionarios en la Administración, tiene que enviar a Asturias profesionales para conformar un tribunal de oposición, al encontrarnos sin una sola persona funcionaria en el cuerpo de Educación Social en el Principado.

Por tanto, una ley de Empleo Público en Asturias que tiene casi 40 años, con más de 30 años de implantación de la titulación, recordamos que dos universidades imparten estos estudios en Asturias hace décadas: un centro en Oviedo, adscrito a la Universidad (Facultad Padre Ossó), y la UNED (en su centro asociado de Gijón), y más de 50 universidades repartidas por todo el país, creemos garantizan los profesionales.

Pero no queremos olvidar algo trascendental para quienes ejercen sin la titulación de Educación Social en nuestro país: se realizaron 17 procesos de habilitación en todas y cada una de las comunidades autónomas durante casi 20 años para facilitar la transición, en la que cientos de profesionales han sido habilitados/as para incorporarse en los colegios profesionales, tal y como consta en la disposición transitoria cuarta de la ley de creación del Copespa. Por este motivo, nos parece cuando menos tendencioso hacer esas declaraciones tan alejadas de la realidad, porque no solo en Asturias, sino en todo el país, hemos acogido a las profesionales que sin la titulación han dedicado años de su vida profesional a dignificar nuestro trabajo, han formado y forman parte de nuestros colegios profesionales y asumido todo tipo de responsabilidades en los órganos de representación.

Conseguir una Administración moderna, flexible y adaptada a las necesidades, pero eficiente y eficaz en sus responsabilidades, es una tarea de todos, y para ello es imprescindible avanzar con las mayores cotas de garantía jurídica y seguridad a la ciudadanía. Por ello, las y los educadoras/es sociales de Asturias entendemos que esta oportunidad de tener una nueva ley de Empleo Público debe poner en el centro a las personas y no dejar a nadie atrás, máxime a quienes son más vulnerables en nuestra sociedad.