Los 21 años de la convención de los derechos de la infancia
El 20 de noviembre se cumplen 21 años de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño. Este tratado de derechos humanos ha sido ratificado por todos los países del mundo, excepto EEUU y Somalia. La ratificación significa el compromiso del estado correspondiente a respetar su articulado y a rendir cuentas sobre el grado de su cumplimiento. A pesar de ello, en muchos lugares del mundo los derechos de la infancia aún son violados a diario. Veamos algunos ejemplos.
Para las mujeres y niñas en Kenia, vivir en la pobreza es una consecuencia y una causa de violencia, especialmente para aquellas que viven en asentamientos ubicados en las afueras de Nairobi. La violencia que las mujeres y niñas afrontan las mantiene en un estado de pobreza que les dificulta la búsqueda de soluciones.
En Nigeria muchos niños y niñas sufren explotación sexual y son víctimas de trata, explotación laboral, violencia y malos tratos, se les acusa de brujería y a veces se les llega a causar la muerte. Ya en 2005 el Comité sobre los Derechos del niño denunció el hecho de que las legislaciones federal, estatal y local, especialmente las leyes religiosas y tradicionales, no se ajustan a los principios incluidos en la Convención de los Derechos del Niño.
La violencia contra las mujeres y niñas en Uganda continúa sin revisión y siendo impune. El silencio oficial de los líderes de este país sobre la violencia sexual contra las mujeres contribuye a esta situación. Las formas de violencia incluyen violaciones y maltrato de género, además de la obligatoriedad de contraer matrimonio a edades muy tempranas. Se calcula que las mujeres son 4 veces más víctimas de episodios de violencia que los hombres.
En Haití niños y niñas trabajan en el servicio doméstico, conviven con una familia de acogida y realizan tareas domésticas a cambio de comida y alojamiento. Con frecuencia son explotados o explotadas, sufren malos tratos y se les niega el derecho a la educación, la atención de la salud y la alimentación. La ONU ha declarado que su situación es una forma de esclavitud moderna.
En Camboya el incremento de las violaciones, algunas contra niñas muy pequeñas y a manos de bandas criminales, es noticia diariamente en los periódicos del país. La falta de servicios apropiados para las víctimas de violación es grave y refleja las actitudes sociales sobre la violencia sexual. Aunque las violaciones ocurren en todos los estratos sociales, hay que destacar que el riesgo de violación para las que viven en la pobreza es mayor.
Las viviendas sociales en Albania son escasas y por lo general, inaccesibles a las personas más pobres y vulnerables, incluidas las y los huérfanos, que en su mayoría no pueden permitirse un alojamiento sin ayuda económica. La pobreza es una de las principales razones por las que se deja a niños y niñas al cuidado de instituciones y el Estado no hace mucho por ayudarles a escapar de ella.
En Eslovaquia los niños y niñas romaníes están recibiendo una educación de menor calidad en escuelas y aulas destinadas a estudiantes con discapacidad mental leve o en escuelas y aulas del sistema de educación general segregadas por motivos étnicos. Esta situación mina sus posibilidades de futuro y los arrastra a un círculo vicioso de pobreza y marginación.
En una situación muy similar se encuentran miles de niños y niñas romaníes de la República Checa, que igualmente son discriminados en su acceso al derecho a la educación, siendo escolarizados en escuelas o aulas especiales, destinadas a un alumnado con discapacidad mental leve. En este sentido la educación que reciben es de menor calidad que la establecida en el sistema de educación para escuelas generales.
En Turquía, entre 2006 y 2010, miles de niños y niñas fueron procesados en virtud de la legislación antiterrorista, únicamente por su presunta participación en manifestaciones de apoyo a personas de la comunidad kurda. Niños y niñas de entre 15 y 17, incluso de hasta 12 años de edad, han sido procesados en juzgados penales especiales, por no existir en muchas provincias Tribunales de Menores, pese a que la existencia de estos juzgados es obligatoria en el país.
¿Tendrán que pasar otros 21 años?
Francisco Javier Fernández López, presidente de Amnistía Internacional Asturias, Oviedo
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