Sostenibilidad del gasto en pensiones
El recientemente convalidado real decreto-ley 2/2023, en relación a la sostenibilidad del Sistema público pensiones públicas prevé (en términos de estimación del promedio para el periodo 2022-2050) dos restricciones/condiciones enlazadas para ingresos y gastos y la reacción ante su inobservancia. Sus planteamientos son:
A) que el impacto de las medidas adoptadas (a partir de 2020) para fortalecer los ingresos del Sistema supere el 1,7% del PIB.
B) que el gasto en pensiones quede por debajo del 15% del PIB.
La primera cuantificación de las dos variables se realizará (por la AIReF y la Comisión Europea, respectivamente) en marzo de 2025 y, luego, con periodicidad trianual.
Las dos referencias interactúan entre sí de tal manera que, por ejemplo, si la estimación de la primera queda en el 1,0%, es decir 0,7 puntos porcentuales por debajo del valor requerido, el límite de la segunda se reduce en esa cantidad hasta el 14,3%.
En cuanto a la respuesta ante su transgresión, la norma prescribe que, siguiendo con el ejemplo, si la estimación del gasto en pensiones fuera del 15,1%, las Cortes deberían aprobar medidas (aumento de ingresos o reducción de gastos) para eliminar el exceso del 0,8% (15,1% frente a 14,3%). En ausencia de acuerdo sobre las acciones correctoras, la cotización al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que en 2029 será de un 1,2% sobre la retribución del trabajador, será incrementada en una cuantía ya predeterminada en el real decreto-ley.
Si consideramos que el Sistema de la Seguridad Social cerró el año pasado con un desfase entre cotizaciones sociales y prestaciones contributivas superior a los 23.000 millones y nos atenemos a los estudios sobre la probable evolución demográfica, se atisba que el fin perseguido por la regla legal es impedir el ahondar en la insostenibilidad del Sistema, hoy, disimulada por las transferencias estatales de recursos.
En el escenario más plausible, la AIReF considera que las medidas de ingreso, adoptadas desde 2020, tendrán un impacto promedio en el periodo 2022-2050 del 1% del PIB.
Por otra parte, según las cifras de finales del ejercicio 2022, nuestro país destina a pensiones de la Seguridad Social y de Clases Pasivas más de 173.000 millones, lo que representa un porcentaje superior al 13,05% del PIB.
La Comisión Europea, en el Informe sobre el envejecimiento de 2021, respecto de las pensiones establecía en el 15% del PIB la proyección de gasto promedio para el periodo 2022-2050.
Por tanto, se puede concluir que el real decreto-ley ha conseguido respecto de la sostenibilidad de las pensiones públicas: 1) diferir hasta el año 2025 un nuevo examen del problema, ahora, irresuelto y 2) asegurar que, de forma pactada o automática, se tomarán medidas si las cosas van como, con la obligada cautela por el extenso tiempo y la multitud de variables, se infiere de las estimaciones de la AIReF y la Comisión Europea.
El segundo logro apunta a que, a falta de acuerdo político, la sostenibilidad se hace depender de las cotizaciones sociales que recaen en más de un 83% sobre los empresarios quienes, en buena lógica, trasladarán esos mayores costes laborales a los precios de sus bienes y servicios, lo que los hará menos competitivos por lo que la actividad económica se contraerá y, por ende, se requerirán menos trabajadores... ¿Ya se le van viendo las orejas al lobo, no?
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