Los ingratos contratistas
Desde que la constructora Ferrovial avanzara su idea de mover su sede social a Países Bajos hasta que, finalmente, la propuesta fuese aceptada de manera abrumadora por su junta general de accionistas, han sido muchas las voces que han reprobado esta decisión y muchas de ellas coincidían en alegar un motivo, para ellas, de peso: lo mucho que Ferrovial tenía que "agradecer" al Gobierno de España por los grandes contratos de obra pública que se había "llevado".
Esta argumentación, por mucho que se repita, no deja de ser una falacia de grandes dimensiones. Alegar esto es como decir que las adjudicaciones no se realizan amparadas bajo la ley de Contratos con las Administraciones Públicas, sino que se adjudican "graciosamente", según los deseos del gobernante de turno, razón por la cual el adjudicatario debería estar eternamente agradecido y cualquier decisión que tome contraria a los deseos del Gobierno debería verse como la "traición de un desagradecido".
La realidad es muy distinta. Para empezar, para que una empresa pueda optar a presentarse a una licitación pública tiene que poseer una clasificación oficial, que es la acreditación de poseer los medios humanos, técnicos y materiales, así como la experiencia necesaria, para acometer cada tipo de obra. A partir de ahí, se le abren las puertas para presentar su oferta. Es entonces cuando un comité de adjudicación formado por funcionarios valora las diferentes ofertas presentadas, en base a unos baremos previamente especificados en los pliegos de licitación, que puntúan tanto los aspectos técnicos (distintas variantes en la ejecución, disminuciones de plazo, etcétera) como los económicos, valorando la oferta económica mediante el cálculo de una media de las distintas ofertas, que sirve de baremo tanto para puntuarlas económicamente, como para desechar aquellas que no alcanzan un mínimo, quedando en el grupo denominado "ofertas en baja temeraria".
Con toda esta explicación, lo que quiero tratar de transmitir es que el adjudicatario de una obra pública, y más las grandes obras públicas, lo es porque concurre a ellas con un gran bagaje de experiencia y medios, y porque logra, en competencia con sus rivales, encajar una ejecución de un proyecto que la Administración desea que se ejecute en las condiciones más ventajosas, y lo hace a cambio de la remuneración de su servicio y, como muy bien dice la ley, "a su riesgo y ventura", es decir, que si obtiene beneficios, bien, y si no, también.
Por todo ello, déjese de hablar de lo agradecidos que los contratistas deben estar con el Estado, pues este simple comentario por parte de un ministro debería percibirse como una admisión de un delito de prevaricación, pues, las empresas adjudicatarias, firman el contrato, lo ejecutan, lo entregan al Estado y lo cobran. Punto final.
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo