Enseñanza concertada y discriminada

Soy trabajador de la enseñanza concertada desde hace 27 años y padre de una niña que se escolariza en un centro concertado de Mieres.

El motivo de esta carta es doble. Por una parte, me sirve de desahogo y, por otra, pretendo denunciar la situación de discriminación a la que nos vemos sometidos los ciudadanos que de alguna manera tenemos vinculación con la enseñanza concertada.

Como trabajador, me resulta difícilmente comprensible que nuestro colectivo, en lo que llevamos de legislatura de este Gobierno, no sólo no ha tenido avances en condiciones laborales, sino que retrocedió. La situación puede resumirse de la siguiente manera.

El Gobierno del Principado de Asturias impugna el convenio del sector para no abonar a los trabajadores en pago delegado la paga extraordinaria de antigüedad, que se genera a lo largo de 25 años de trabajo y que se vino pagando hasta el 31 de diciembre de 2007.

Ante la situación de parálisis de los temas pendientes de negociación (plantillas, reducción de carga lectiva, jubilaciones parciales incentivadas, complemento de maestros de ESO, complemento autonómico para el personal de administración y servicios), el 3 de junio de 2008 más de 1.500 trabajadores/as de los centros concertados de Asturias nos manifestamos en Oviedo pidiendo soluciones.

El 26 de junio de 2008, a iniciativa de Izquierda Unida, se adopta una resolución por el Pleno de la Junta General del Principado en la que se insta al Consejo de Gobierno a impulsar las negociacioens de las condiciones laborales de los trabajadores/as de la enseñanza concertada, para llegar a un acuerdo sobre los temas pendientes.

Transcurre todo el mes de julio sin una sola reunión.

En septiembre se convoca de nuevo la mesa sectorial y en ella la Administración no solamente no retoma los temas pendientes, sino que plantea un recorte de las horas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. Lo justifica en un cambio del criterio y en la aplicaciíon de una norma del año 1995, que por obsoleta había sido superada por la propia realidad. Todo esto, en el marco de una nueva ley orgánica de educación, la LOE.

A día de hoy, seguimos sin propuestas de plantillas, jubilaciones, complemento de maestros de ESO, mejoras para el PAS...

Con esta descripción quiero retratar la situación de abandono de la que estamos siendo objeto los trabajadores/as de la enseñanza concertada de Asturias.

Unos trabajadores/as que cubrimos cerca de un 27% de la educación sostenida con fondos públicos. Con jornadas lectivas de hasta 9 horas semanales más que nuestros compañeros de la enseñanza pública y salarios de alrededor de 7.000 euros/anuales menos que ellos. Añadir que Asturias es la segunda comunidad que menos paga a los trabajadores de nuestro sector.

Como padre, quisiera clarificar las siguientes cuestiones:

La elección de un centro concertado es un derecho que deriva de la Constitución y que se regula mediante leyes orgánicas (LODE y LOE). En la LOE, en su disposición final primera, se establece el derecho de los padres "a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos".

En la LOE, en su capítulo III, artículo 84.1, se recoge: "Las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garanticen el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores".

No existe esa igualdad en cuanto a la dotación de recursos. Quien en uso de su libertad de elección de centro, tal y como establece la propia LOE, opte por un centro concertado, tendrá una menor dotación de plantilla y la calidad educativa se obtendrá en base al esfuerzo del profesorado.

Un esfuerzo que contribuyó en gran medida a los buenos resultados del informe PISA de los que tanto alardea nuestra Administración autonómica. Cabe destacar que en dicho informe participaron 22 centros concertados, de un total de 53 en Asturias (es decir, el 41,5%).

Por otra parte, no puedo aceptar, como padre, que cuando las leyes posibilitan la elección de un centro (sea público o concertado) y partiendo del principio de no discriminación que establece la LOE, se siga considerando normal que ambas redes tengan recursos diferentes y se continúe pretendiendo devaluar a la red concertada.

En resumen, esta Administración está incumpliendo convenios, acuerdos propios, mandatos parlamentarios y, a mi entender, también principios establecidos en leyes orgánicas (LODE y LOE).

Siempre he pensado que la Administración y los gobiernos son los primeros obligados a desarrollar las leyes y a cumplir los compromisos. De no ser así, el Estado de derecho carece de sentido.

Por último, quisiera hacer una llamada a quienes están negociando los presupuestos para recordarles la importancia de que existan partidas que permitan avances significativos en las reivindicaciones de nuestro colectivo de trabajadores. Simplemente, recordar que la resolución de la Junta General de 26 de junio fue aprobada por unanimidad (es decir, por PSOE, PP e IU).