Deuda pública descontrolada
Hace no muchos días, los medios de comunicación informaron que el saldo de la deuda de las Administraciones Públicas volvió, en febrero pasado, a marcar un nuevo máximo, situando su saldo en 1,52 billones.
En el ejercicio 2022, al igual que en su precedente, se produjo un aumento interanual del nivel de actividad económica del 5,5%. Lo anterior, junto con el alza de los precios, hizo que el año cerrara con un volumen de deuda pública que representa al 113,1% del PIB nominal, aunque conviene recordar que la referencia prudencial marcada por el derecho (tanto comunitario como nacional) está fijada en el 60%.
No obstante lo dicho, en 2022 la deuda se incrementó en términos absolutos en 75.305 millones y, además, la factura por intereses ascendió a 31.595 millones, 5.550 millones más que en el ejercicio precedente.
Desde la "gran depresión" de 2008, nuestro país ha más que triplicado el importe de su pasivo sin que los sucesivos gobiernos hayan conseguido enderezar la situación, ni siquiera de manera transitoria, y parece que la cuestión no va a cambiar de tendencia en el corto/medio plazo.
Las puntualizaciones anteriores me hacen afirmar, sin temor a errar, que el asunto de la deuda pública es el problema económico de mayor envergadura al que se enfrenta nuestro país. Por tanto, el tema debiera tener una máxima atención en los programas de todas las formaciones políticas.
Tal como expuso el presidente del Gobierno respecto del patrimonio natural nacional, en su reciente visita a Doñana, tenemos la responsabilidad moral de legar a nuestros sucesores lo que hemos recibido, salvo fuerza mayor, en las mismas o mejores condiciones.
Esta obligación ética para con las generaciones que nos seguirán es, a mi entender, también aplicable a la deuda pública, que de manera irremediable habrá de afectarles, aunque no tengan posibilidad de influir en las decisiones actuales sobre la materia.
No creo equivocarme si afirmo que la inmensa mayoría de mis compatriotas asumen el deber ético de no trasladar problemas a sus descendientes o, al menos, no acrecentar su gravedad actual.
La dificultad de fondo es que reconducir la deriva de la deuda pública implica sacrificios, es decir, austeridad en los gastos públicos, más cargas impositivas para los administrados o una mezcla de ambas cosas, que nuestros representantes políticos no están por la labor de proponer porque les dificultaría mantener o alcanzar el ansiado poder.
Como vamos hacia tiempos de elecciones generales, con el fin de que los aspirantes a administradores públicos sepan que están ante ciudadanos con conciencia cívica y valores morales, hago una llamada a los votantes para que, en todos los foros en que les sea posible, exijan a los candidatos que, de manera insoslayable y extensa, expongan sus medidas para reconducir el trascendental asunto de la deuda pública.
Considero que la claridad de la respuesta -o la falta de ella- que se obtenga ayudará a distinguir entre quienes buscan el poder por vocación de servicio público y quienes lo hacen por aspiración de servirse de lo público.
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