Derecho a pronunciarse.
Cuando nuestra indignidad se hace fuerte ante la ocupación de viviendas sin distinguir si quien las ocupa es un jeta que quiere disfrutar de la riqueza de una piscina en urbanización de lujo o unos padres que buscan cualquier techo donde resguardarse de su pobreza, el 2 por ciento de vivienda social de este país nos demuestra que nuestra solidaridad, aún alcanzando a muchos, deja a otros muchos desprotegidos porque está muy lejos en este ámbito de la de países europeos que rozan el 30 por ciento de vivienda social. No nos engañemos, las trifulcas provocadas por las recientes ocupaciones corroboran que para conseguir algo importante hay que dejarse la piel en ello y que igual que jueces, médicos, transportistas... se manifiestan por su dignidad, también los más pobres de este planeta cuentan con ese mismo derecho y las 113.000 viviendas sociales prometidas lo avalan.
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