El "sistema"
Ayer me reencontré con el "sistema".
Estoy seguro de que a todos los sufridos lectores de este escrito les ha pasado lo mismo alguna vez, por lo que me entenderán perfectamente.
Antes, y cuando hablo de antes me refiero al año 2020, con relación a la pandemia del "virus chino", el "sistema" solía darse con más asiduidad respecto de la Administración pública en general, y así, el "sistema" no permite acceder a...; no contempla esta situación...; no admite enviar los datos...; rechaza la posibilidad de..., pero de una manera u otra, contando en muchos casos con la bonhomía de algunos funcionarios y, sobre todo, del acceso personal y directo del interesado o profesional, como es mi caso, a la oficina pública correspondiente, contactando con las personas responsables, se solucionaban los temas. Pero está claro que el covid-19 ha constituido una plataforma de lanzamiento de la evitación del contacto personal, extendido en muchas ocasiones ya a la actividad privada. ¿Qué no puede suceder con el "sistema bancario?, pero hipermultiplicado en el caso de la Administración pública.
¿Cómo puede ser que, transcurrido más de un mes desde la subsanación de un error en un requerimiento indebido, tras recursos, contactos telefónicos -que no personales-, levantamiento oficial de embargos, en la URE nº 6, me digan que se materializa el embargo -ya cancelado- y que el "sistema" no contempla más solución que, en el momento en que llegue el dinero transferido por la entidad bancaria, se inicie un procedimiento de devolución de ingresos indebidos, con el abono del interés correspondiente? ¿Dónde está la aplicación práctica de los principios de eficacia y coordinación que, según el artículo 103 de la Constitución, han de guiar la actuación de la Administración pública? Y, al final, ¿no somos los "españolitos" quienes pagamos los intereses de demora por la ineficacia administrativa?.
Ciertamente nos encontramos en España en una situación de crisis económica, social, de identidad, de lo que queramos decir, pero en el fondo, lo que desgraciadamente yace, es una crisis moral, de respeto a las personas, a su libertad, a su dignidad, unido a una carencia, la falta de conciencia de muchos -los pocos que la tienen son los que mantienen la Administración pública- funcionarios que, bien desconocen, bien han olvidado uno de los fundamentos de su actuación, el contenido en la letra a) del número 3 del artículo1 del Estatuto de la Función Pública: servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.
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