Votar con responsabilidad
El próximo 7 de julio dará comienzo la campaña de las próximas elecciones generales y conoceremos las propuestas de los distintos partidos políticos.
Tras cuatro años en los que las reglas fiscales europeas han estado "desactivadas" (en 2022 y 2023 sin un evidente amparo legal, a mi entender) y en los que las reglas fiscales nacionales han sido "obviadas" (desatendiendo la exigencia legal de elaborar un "plan de reequilibrio" que debían haber aprobado las Cortes Generales hacia principios de 2021), en materia de cuentas públicas tenemos que:
a) En marzo, la Comisión Europea ha advertido, en su comunicación sobre orientaciones de la política presupuestaria para 2024, que los estados miembros deben respetar la referencia del 3% del PIB como valor máximo del déficit público y -más difícil de lograr-.
b) En junio, el Consejo de la UE, en su recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de España, entre otras cosas, ha propuesto que en 2024 el incremento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional no exceda en un 2,6% al del año actual.
Partiendo de las previsiones del Gobierno para 2023, mi estimación es que el valor absoluto de la segunda restricción mencionada rondaría los 15.900 millones.
La dificultad de la tarea que en el ejercicio próximo deberá acometer el Gobierno que salga de las urnas se hace patente al considerar que, para este año, la previsión de aumento de gasto cuya limitación pide el Consejo es que supere los 29.000 millones.
Ahora bien, debe tenerse presente que las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social y las del Régimen de Clases Pasivas, que deberán revalorizarse conforme al promedio de la variación del IPC (el pronóstico, actualizado este mes, de Funcas es que su valor sea del 3,9%), requerirán por encima de 7.300 millones y las remuneraciones de los empleados públicos (que tienen asegurada, al menos, una subida del 2%) precisarán, como mínimo, sobre 3.200 millones.
Por tanto, en 2024 el dinero disponible para financiar ofertas electorales de carácter económico-social, una vez deducidos los compromisos ya asumidos por pensiones y salarios públicos, queda limitado a unos 5.400 millones (para hacernos una idea del margen de acción que permite esta cantidad, recordemos que la bonificación de 2022 en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos costó casi 6.300 millones).
En consecuencia, los electores deberemos valorar con cuidado las propuestas de los candidatos a la Presidencia del Gobierno que impliquen más gasto público y cerciorarnos de que son compatibles con las exigencias fiscales planteadas por las instituciones europeas. Dar el voto a quien haga planteamientos irreconciliables con los compromisos europeos supone buscarle problemas futuros a nuestro pobre país.
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