Mascotismo perruno
Ante el tsunami canino que nos invade (entre Oviedo y Gijón, casi 80.000 canes), urge que las autoridades municipales tomen en serio el tema y vigilen el cumplimiento de las normas por parte de los dueños, tal como ocurre en otros ámbitos de la vida en común. Vivimos -a menudo sufrimos- situaciones que rozan el esperpento y confirman incumplimientos de la normativa vigente. Menciono solo algunos ejemplos.
Es obligatorio llevar atado al perro en calles, parques, zonas verdes y de juegos infantiles... pero es habitual verlos sin correa alguna o, en su caso, con tal distancia de sus dueños, gracias a la extensión de la correa, que parecen dueños de la acera hasta obligar al peatón a hacerse a un lado para que circule a sus anchas, nunca mejor dicho, el nuevo rey de las calles, por no hablar de aquellos que sacian su sed bebiendo de forma directa en fuentes públicas sin medio alguno que evite tragar posteriormente al sediento paseante sus babas.
Muchos dueños recogen sus excrementos, pero tampoco es raro encontrar sus artísticas formas; las mayores deben recogerse y las menores, limpiarse. No estaría mal, en casos así, que se tomaran muestras de ADN -algunos ayuntamientos en España ya lo hacen-. Se deben habilitar espacios para sus necesidades fisiológicas que, en todo caso, los dueños deben recoger o, por qué no, dada la moda tendente a vestirtos, incorporar a su vestuario algún tipo de pañal que evite al resto pisar sus naturales y desagradables efectos.
¿No debe pagar impuestos quien ocupa y usa espacios públicos? Conviene recordar que la limpieza, el transporte -algún ayuntamiento permite viajar en autobús municipal-, supone gastos de mantenimiento. ¿Por qué no una tasa que financie estos de servicios? Sería un modo de contribuir al sostenimiento, mantenimiento y limpieza de zonas y recursos habilitados con dinero de los contribuyentes, incluso de quienes no compartimos tal derecho.
Aumenta la exigencia de más días para disfrute canino en playas; ignoro si fruto de la necesidad y exigencia del perro -acaso alguien lee su pensamiento- o responde a la necesidad del dueño. Uno, que paga impuestos, reclama también su derecho a pasear por la playa sin tener que soportar ladridos y carreras, cuando no lametones y saludos caninos. Quien quiera tener un perro, tiene derecho, el mismo que el de este servidor a no ver cercenados los suyos o tener que soportar en su espacio vital al que parece tiene la consideración de ciudadano de pleno derecho según un nuevo concepto de ciudadanía. De ser así, ¿tienen otros ciudadanos derecho a pasear por la playa su vaca o asno? No tengo claro quién fija el límite.
Resultaría paradójico que el bañista pueda ser multado, como ha decidido algún Ayuntamiento playero, por verter aguas menores en las playas, mientras los chuchos pueden aliviarse con absoluta libertad y a su antojo en la arena. A menos que se muestren las virtudes de su líquido elemento para el medio ambiente y la epidermis del bañista, y ante la tendencia a igualar derechos, debería aplicarse en lógica simetría la exigencia de deberes proporcionales.
Es cierto, muchos dueños se comportan con sentido común, pero llama la atención -alguna bronca he vivido y/o visto- la reacción de otros cuando se les recuerdan ciertas obligaciones. Todos los animales merecen un tratamiento digno pero, buscando una buena convivencia, conviene también proteger al animal llamado humano, ciudadano que exige su derecho a beber de una fuente y caminar por la acera sin verse obligado a transformar el paseo en una prueba de slalom esquivando canes que cada vez campan más a sus anchas.
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