Deuda pública y generaciones futuras
Ya son públicos los “programas electorales” de los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 23 de julio, lo que posibilita conocer su posición sobre numerosas cuestiones.
De los muchos problemas que tiene el país, me voy a referir al de la Deuda Pública, pero desde una perspectiva intergeneracional. De entrada, únicamente, señalar tres cosas:
a) desde la llamada “gran recesión” de 2008 hasta el año pasado, sin excepción de ejercicio alguno, las Administraciones Públicas han registrado déficits por un monto total de algo más de 1.105 billones; este año también está previsto cerrar en números rojos.
b) tomando con fecha de arranque el final de 2007, hasta la conclusión de 2022, la Deuda Pública se ha incrementado en casi 1.120 billones; la previsión para el curso actual es que siga en ascenso.
c) en 2007 se destinaron a intereses de la Deuda un poco más de 17.000 millones, mientras que en 2022 la cuantía fue de casi 31.600 millones; es seguro que, con el alza de los tipos de interés, la factura futura aumentará.
Desgraciadamente, en el ámbito de lo público no existe la institución del “beneficio de inventario” que posibilita la aceptación de herencias sin comprometer el patrimonio propio. En otras palabras, nuestros hijos, nietos y demás descendientes deberán asumir, sí o sí, las deudas contraídas por las generaciones actuales para, entre otros motivos, superar desastres que el destino les ha deparado (crisis económicas derivadas de la quiebra en 2008 de buena parte de los sectores inmobiliario y bancario, de la pandemia del covid-19, de elevación de precios a raíz de la guerra en Ucrania, etc.).
Sobre este duro legado que hacemos a las futuras generaciones, que sin duda padecerán sus propias desgracias a las que hacer frente, deberíamos aplicar la máxima responsabilidad en el sentido de limitar su importe a lo estrictamente imprescindible y cumplir con deber moral de reducirlo en tanto y cuanto nos sea posible.
Pues bien, si vamos a los programas electorales de las formaciones con más posibilidades de triunfo encontraremos proposiciones sobre finanzas públicas como “seguiremos en la senda de consolidación fiscal y sostenibilidad de las cuentas públicas”, “haremos al inicio de la legislatura una profunda revisión con la IGAE de la situación real de las cuentas públicas” o “impulsaremos una superación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para fomentar y no penalizar las inversiones públicas y los gastos asociados a las mismas y avanzar así hacia un nuevo modelo de gobernanza económica que impida la vuelta a la Europa neoliberal de la austeridad” que carecen de perspectiva intergeneracional.
Excepcionalmente, puede encontrarse alguna declaración con un enfoque temporal como “en materia presupuestaria, elaboraremos presupuestos de base 0, marcando como objetivo la eliminación progresiva del déficit y de la deuda pública que condena a la ruina a las futuras generaciones, optimizando las cuentas públicas”, pero debe tenerse presente que hay un trecho entre proponerse un objetivo y alcanzarlo.
En fin, algo que pudiera contribuir a la resolución de este grave asunto sería que: “en ningún caso se incrementarán las retribuciones de los responsables y empleados públicos de aquellas Administraciones Públicas -Central, Autonómicas y Locales- que cierren el ejercicio presupuestario en déficit”. Además, apoyaría que este principio se incorporase a la Constitución para su “blindaje”.
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