Oposiciones de Educación: la eterna oscuridad
Llega el verano y con él el sol, las verbenas... y las oposiciones docentes. Este año le tocó el turno a Secundaria, donde miles de personas acudieron a la llamada de la Consejería de Educación con la ilusión de convertir su vocación en trabajo. Y este proceso, de nuevo, llega con las polémicas de siempre: temario controvertido, criterios poco claros, derecho de revisión o baremación entre otras cuestiones.
Para quien no lo sepa no existe un temario oficial que el opositor deba estudiar. Existe un listado de temas por especialidad de los que el opositor debe buscar información para construir su propio tema. Para ello debe consultar las fuentes que considere oportunas, estudiar los datos que haya encontrado y plasmarlos en el examen. “¿Y cómo puedo saber si tengo que mencionar esto o lo otro?”. No se sabe.
Por otro lado están los criterios de calificación. Estos criterios son publicados unos días antes de las oposiciones, por lo que es posible que la estructura de los temas que has construido durante años deba ser adaptada en las semanas previas al examen. ¿Cómo utiliza el tribunal esos criterios si no hay un temario oficial? ¿Pueden dos exámenes totalmente diferentes merecer de un 10? Ni se sabe ni se explica.
Tras la nota llegan las reclamaciones. En este proceso el examen no es revisado ni el opositor conoce el porqué de la nota, simplemente reclama y su apelación es desestimada. El tribunal es soberano de calificar en base a su criterio, siguiendo unas directrices generales de la Consejería, pese a no haber un temario oficial. Siempre se dice que hay tribunales que corrigen en base al temario que les facilita una academia de preparación, pero eso son suposiciones.
Pasadas las reclamaciones, llega el momento de saber si, con esa nota, el opositor obtiene plaza como funcionario o entra en lista de interinos. Este año el proceso consta de dos partes: un examen escrito y la entrega y exposición de una unidad didáctica. La nota de la oposición sale de la media de ambos ejercicios, por lo que un opositor con una nota de 4,9 en el examen y 10 en la unidad tiene un 7,45 de media. Ha aprobado, lo que le da derecho a pasar a la fase de concurso, en la que, en función de la nota y otros baremos, luchará por conseguir la plaza como funcionario. En caso de no conseguirla podrá trabajar como interino salvo que sean sus primeras oposiciones, en cuyo caso lo tiene un poco más complicado. Esto se debe a que el acuerdo de interinos dice que si son sus primeras oposiciones y obtiene menos de un 5 en el examen pasará a la lista de interinos con 0 puntos. Esto significa que un opositor que ya se haya presentado al menos una vez estará delante en las listas aunque haya suspendido ambas partes de la oposición. Se da el caso de que profesores con un 2,5 en las oposiciones trabajan por delante de gente con un 7,45.
Estas son algunas de las sombras de un proceso que ni Consejería ni sindicatos parecen tener intención de cambiar. Un proceso que pide a los opositores memorizar datos “a la vieja escuela” mientras se insta a los docentes que implementen nuevas metodologías de aprendizaje en las aulas. Un proceso que no permite saber al opositor qué ha hecho mal para poderlo mejorar. Un proceso en el que los menos culpables son los miembros del tribunal, compañeros de trabajo que deben lidiar con un proceso que les supone unos niveles de presión similares a los del opositor. Un proceso oscuro que debe ser revisado urgentemente ya que el hecho de que las condiciones sean sabidas antes de comenzarlo no implica que sean las adecuadas. Es hora de un cambio.
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