La reforma electoral
Pasadas las elecciones del 23J y viendo los votos que costó cada diputado/a por partido, convendría una reflexión acerca de lo injusta de nuestra ley Electoral. Hablamos de unas elecciones generales en las que el cómputo debería ser único a nivel nacional y proceder al reparto de escaños de forma proporcional. De esta forma todos los votos tendrían el mismo valor al margen de la circunscripción de la que vinieran.
Es cierto que los grandes partidos de 1977, UCD y PSOE, apostaron por la ley D'Hont que favorecía sus intereses y cerraba al paso a terceros partidos, a los que los votos requeridos para obtener un escaño eran mucho más, y además suponía la apelación al llamado "voto útil", toda vez que los votos en las provincias que no alcanzaban para el escaño no se contabilizaban.
En cualquier caso el bipartidismo parece acabarse y terceras fuerzas políticas son o pueden ser decisivas para formar gobierno tal y como estamos viendo.
Se excluye además a los que no obtienen un 3% de respaldo electoral, por lo que esos supuestos escaños pasan a repartirse entre los partidos mayoritarios.
Esta ley Electoral reparte los escaños en divisiones de los votos obtenidos por fracciones de 1-2-3 y así sucesivamente, obteniendo el acta las fracciones mayores.
Como resultado, y al hilo de las pasadas elecciones, el ejemplo muestra con claridad la injusticia del reparto.
Así vemos que al PP cada diputado/a le costó 59.499 votos, al PSOE 63.615, mientras que a Sumar le costó 97.226 votos.
Esta muestra indica lo injusta de esta ley que no contabiliza todos los votos por igual ni tienen por tanto el mismo valor.
Todo lo contrario pasa en las nacionalidades donde partidos que solo tienen influencia en sus territorios y por tanto porcentajes muy inferiores en el cómputo del Estado con muchos menos votos obtienen mayor representación y, como es el caso, mayor influencia en la composición del poder político.
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