Un país en almoneda
Es intolerable que, a la vista de los resultados electorales de las pasadas elecciones, no exista la menor posibilidad de acuerdo entre los dos representantes de los partidos mayoritarios y que sean incapaces de elaborar un programa de gobierno común para los próximos cuatro años.
Es intolerable que uno de los candidatos prefiera organizar un programa de gobierno con partidos minoritarios, independentistas e izquierda -enemigos declarados de la nación española- despreciando el sentir de una gran mayoría de españoles, incluso de los que viven en las nacionalidades históricas, que desean seguir siéndolo.
Es intolerable que el interés mayoritario de los partidos sea por hacerse con el poder con el solo propósito de disfrutar de sus prebendas, despreciando olímpicamente el mandato que los ciudadanos otorgamos a nuestros representantes políticos: trabajar para el bien común de todos los ciudadanos. A costa incluso de retorcer las leyes para que un delito contra la nación sea aceptado como inexistente.
Es intolerable que tengamos que aceptar la deslealtad de partidos antes nacionalistas y ahora independentistas con la Constitución del 78, donde los españoles aceptamos y reconocimos sus singularidades históricas, dentro de un marco de igualdad de derechos que garantizaba nuestra convivencia; cuyos frutos han sido tan positivos para todos, y que ahora, después de 45 años, pretendan desorganizar el Estado, destruir la nación, porque según sus ideólogos se sienten menospreciados, minusvalorados y expoliados económicamente, cuando son las comunidades de mayor riqueza y nivel de vida de la nación. Obsesionados por unas quimeras, que, de seguir adelante, nos llevarán entre otras cosas -que no parecen percibir- a la ruina económica de todos. Pues su miopía ideológica les impide ver que nada será igual de perpetrarse tal barbaridad.
Es intolerable que los partidos nacionalistas sean tan poco valientes como para no presentar abiertamente sus pretensiones en el Congreso de los Diputados, lugar donde reside la soberanía nacional, para justificarlas y defenderlas. De manera que si son aprobadas se promuevan los mecanismos que la propia Constitución establece para cambiarla y refrendarla por todos los ciudadanos. De esa manera franca y abiertamente sepamos con claridad sus pretensiones, olvidando de una vez las nefastas conversaciones a puerta cerrada que lo único que hacen es alimentar sospechas, intrigas y suspicacias.
Es intolerable que nuestros políticos no se den cuenta de que lo importante es consolidar y aumentar la riqueza del país, y no administrar la pobreza. Sin crear riqueza no se puede ni pagar la deuda del dinero prestado -se habla de 40.000 euros por ciudadano- ni mucho menos mantener el Estado de bienestar (pensiones, salud, educación).
Es intolerable que no se logren pactos de Estado enfocados a combatir los retos que suponen la inflación, la adquisición y el alquiler de la vivienda, el futuro de las jóvenes generaciones, el disponer de unos sistemas educativos modernos y ajenos a los partidos, el tener una justicia independiente de los poderes legislativo y ejecutivo, el desarrollo de una política integral del agua y de protección del medio ambiente, integrada con la promoción y modernización del campo, que permita sostener la vida de nuestros pueblos. Por no citar el incentivo a la natalidad, la protección de las familias y la modernización de nuestro sistema sanitario. Y todo ello en un entorno mundial muy competitivo con los consiguientes riesgos económicos, políticos y de seguridad.
Es intolerable que, desde cualquier estamento público o privado no se alce la voz aceptando abúlicamente y sin falta de coraje lo que nos pasa, como si esta situación no tuviese remedio.
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