Impuesto de Sucesiones: ¿expropiación, confiscación o correctivo social?

Dice en LNE el nuevo consejero de Hacienda y Fondos Europeos que “hay pocos impuestos más justos. Gravar las sucesiones era un elemento nuclear de las revoluciones liberales en las que se fundamentan los Estados actuales, porque lo contrario era el privilegio nobiliario. Los revolucionarios entendían que, si no había un reparto de baraja en cada generación, ello atentaba directamente contra la libertad de oportunidades y la meritocracia. Es decir, este impuesto está en el seno del liberalismo clásico, porque lo contrario es consolidar una aristocracia financiera rentista e inmovilista”.

Manda güevos... que te los requiso.

A ver, repasemos el tema:

Bien sabido es que los impuestos son la forma más prosaica y tangible de interacción del ciudadano con la administración pública, tanto en lo objetivo como en lo subjetivo (cargas indirectas y directas). La Historia nos recuerda cómo la cosa tributaria -desde su filosofía hasta su ingeniería- ha venido evolucionando de la mano de la civilización hasta convertirse progresiva, aunque imperfecta e inacabadamente, desde un abuso despótico -sin otra contrapartida que al vasallaje- a un contrato equilibrado entre ciudadanos y servidores públicos surgidos de entre estos mismos ciudadanos. Los primeros somos titulares de derechos y estamos voluntariamente sometidos a leyes consensuadas democráticamente, accediendo regladamente a bienes y servicios que nos pertenecen colectivamente. Los segundos ni son ciudadanos predestinados genómicamente ni son designados y ungidos por los dioses del momento (aunque a veces, por malos ejemplos parezcan casta); son administradores del patrimonio, y provisores, catalizadores o simplemente gestores de servicios por delegación expresa, controlable y revisable por el conjunto de la ciudadanía. Sabido es que este equilibrio es complejo y que suele saldarse por una y otra parte con incumplimientos, exceso de celo, deslealtades, abusos y simple y llana delincuencia, desde quienes -de un lado- racanean, defraudan y roban por métodos rústicos o sofisticados a quienes -desde el otro, casi nunca los funcionarios- utilizan discrecional o arbitrariamente -culposa o dolosamente- los bienes a administrar en el marco de los diferentes presupuestos públicos. Entre los vicios más consolidados sabemos también que está la desviación para objetivos y empresas de sesgo partidista (con particular querencia por parte de las ideologías más cínicamente catequistas) y, ya con carácter más general, la compra de voluntades y el enriquecimiento personal tosco o sofisticadamente enmarañado en el espacio y diferido en el tiempo, a través de puertas giratorias en laberintos institucionales públicos, privados e híbridos.

Y aquí es donde surge la componente más actual y peligrosa del servicio público hacendístico convertido en poder autónomo: la componente moralizadora de la ingeniería social. Y es que ya no sólo se trata de compartir y gravar con variopintos criterios de proporcionalidad, sino de reeditar el maniqueísmo, demonizando actividades -de acuerdo con normas de conducta dictadas al margen de todo aval científico o consenso social- por un “liberalismo” modulado con los apellidos del secuestrador y que, por tanto, no es tal: por ejemplo, criminalizando y penalizando la legítima pretensión de consolidar y proyectar entre generaciones el vínculo familiar mediante un patrimonio cultural, profesional, empresarial y material. Patrimonio no solo legítimo en sus orígenes, sino legitimado tributariamente en todo su ciclo de vida y frecuentemente digno de reconocimiento por el valor añadido que representa su estímulo colateral de ahorro, inversión y servicio que, a diferencia de otras formas de castas y aristocracias, viene contribuyendo a la solera, estabilidad, dignidad y progreso de los países que no se desmoronan porque no se odian ni desprecian ni erosionan en rozamientos internos.

Y yendo al caso práctico que nos ocupa: el flamante y voluntarioso Sr. Consejero vuelve a su casa, al actual Principado de Asturias (previsible aspirante a nación en un inminente pluriestado expañol), con la encomiable encomienda de poner orden presupuestario, actualizar la legislación autonómica y contribuir a convertir en realidad estimulante y productiva -y es de suponer que no precisamente por la cómoda y sobada vía tributaria- lo más aprovechable de una región en crisis en un país en crisis. Le agradeceríamos que analice cuanto antes las realidades, ensoñaciones y bulos que nos atenazan, y que haga públicos todos esos datos que confirman o contradicen “lo que nunca ha escuchado en Madrid” -antigua capital del actual reino de taifas- ese “mensaje catastrofista” e “idea exclusivamente instalada en Asturias (que) se debe a intereses internos” y que enfrenta “una isla o un infierno fiscal” con un idílico paraíso natural. Y luego, manos a la obra y a copiar o adoptar lo mejor de nuestros vecinos (que tampoco les va tan mal), entre ello lo injustamente y paradójicamente tildado de “populismo de derechas” aunque, al parecer y según los mantras al uso, solo beneficiaría a las élites económicas cuando, en la cruda realidad, sean las clases medias en propiciadas vías de extinción quienes tengan que renunciar a dignas herencias familiares cuyas cargas tributarias les son inasumibles. Solo por este motivo impuestos de este tipo -que pretenden hacer tabla rasa en las transferencias intergeneracionales de patrimonio- son nocivos como desalentadores del ahorro, la inversión, la autonomía personal, la vinculación al territorio y la superación social.