¿Peligra la democracia con un Gobierno de incompetentes?

Una opinión emitida en un programa mediático de debate acerca de la crisis padecida en relación con el tráfico aéreo en el fin de semana previo al puente de la Constitución afirmaba que los controladores aéreos son un reducido grupo de privilegiados insolidarios. No es el único. Creo que el actual gobierno –con minúscula– de la Nación –con mayúscula– constituye otro reducido grupo de privilegiados insolidarios y además soberbios e incompetentes. Y al final, quienes pagamos, en toda la extensión de los términos, somos los ciudadanos españoles...

Si los primeros pueden abusar de su posición de predominio en el desempeño de sus funciones es porque la ley, mejor dicho, la ausencia de ley de huelga, se lo permite, y el segundo, gobierno, personificado en el ministro de Fomento y operando a través de un ente público empresarial, Aena, no es capaz de solucionar eficaz y definitivamente un tema que periódica, estratégica y fijamente se produce en fechas conocidas de antemano.

Este gobierno, y concretamente don José Blanco, no ha sabido aplicar su teoría del «talante» en unas negociaciones con los controladores, iniciadas en febrero de 2010 y que, con independencia del establecimiento de salaríos, se han plasmado en dos normas, el R. D. 2001/2010 que regula los tiempos de actividad y descansos de aquéllos y el R.D-ley 13/2010, desencadenante del conflicto, que muestra su verdadera faz intervencionista.

No entro en los salarios que reciben los profesionales del control aéreo pues la solución es relativamente sencilla: crear más plazas de controladores por Aena y negociar correctamente las condiciones laborales; si no se ha hecho es, sencillamente, porque a esta empresa –y a los gobiernos de turno– le ha interesado pagar más horas extra a los controladores existentes que formar y contratar al personal que resulte necesario (otra cosa sería discutir la necesidad de construir, inaugurar y ampliar aeropuertos por réditos políticos). Pero sí entiendo que es necesario señalar que la primera de las norma citadas establece un horario de trabajo para los controladores de 1.670 horas anuales con la posibilidad de 80 horas extraordinarias (al igual que sucede con todos los trabajadores), no considerándose como trabajo efectivo, ni por tanto al objeto de la realización efectiva de horas extra, los tiempos de imaginario fuera del lugar de trabajo, los reconocimientos necesarios para obtener o mantener la licencia, añadiendo, en enigmática redacción la disposición, «... u otros similares ...». Las discrepancias las venían manteniendo Aena, Ministerio de Fomento y los controladores sobre estas circunstancias de «similaridad», pretendiendo la Administración la fijación de un arbitraje, con laudo «ya redactado» –que no encuentra profesional prestigioso que lo firme–, y han terminado con la aprobación de la segunda de las normas, el R.D-ley 13/2010, que viene a considerar como no computables a los efectos de la jornada los permisos sindicales, las licencias y las ausencias por incapacidad laboral. Ello viene a suponer que estas ausencias legales habrían de ser recuperadas a los efectos de cómputo de la jornada anual, lo que ciertamente supone una revisión al tratamiento normativo de estas incidencias en el ordenamiento jurídico laboral y, en el humilde criterio del opinante, su ilegalidad...

El gobierno ha buscado, provocado y desgraciadamente encontrado la reacción de los controladores y éstos han recibido no solamente todo el peso del BOE sino también de la opinión pública, en un momento en el que el consejo de ministros –siempre con minúsculas–, simultáneamente a la adopción del estado de alarma, había tomado las impopulares y contrarias a su programa –si es que lo tiene– medidas de extinción del abono de 426 euros a los parados que hubieran finalizado las prestaciones por desempleo, y la reforma de la jubilación retrasándola a los 67 años –ignorándose a sí mismo y a la Comisión del Pacto de Toledo–.

Esta forma de actuar, soberbia y prepotente, dio lugar a la adopción del estado de alarma por vez primera en nuestra Historia constitucional, por medio del R.D. 1637/2010, de 4 de diciembre, con el manifestado fin de «afrontar la situación de paralización del servicio público esencial del transporte aéreo», militarizando a los controladores aéreos, de manera inconstitucional desde el punto de vista de quien suscribe puesto que, en desarrollo del artículo 116 de la Constitución, la ley Orgánica 4/1981 prevé la declaración del estado de alarma (artículo 4) cuando exista paralización de servicios públicos, siempre que se den, además, catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales como terremotos, inundaciones ejemplifica, o crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación grave. Evidentemente no es el caso del problema planteado por mucho que la exposición de motivos del R.D. 1637/2010 califique de «calamidad pública» la paralización del tráfico aéreo, pues, dicho sea con todos los respetos, estamos hablando de perjuicios –evidentes– pero derivados, en su mayor parte, de viajes de vacaciones, a los que naturalmente tienen derecho los perjudicados, pero de ahí a hablar de calamidad pública, en mi modesta opinión, hay un largo trecho... y al menos a mí se me ocurren otras varias «calamidades públicas que estamos padeciendo desde hace siete años...

Con todo, enlazando con el título del artículo, lo preocupante y grave es que nos encontramos ante un gobierno soberbio –no ante un soberbio gobierno–, de talante, sí, pero de talante dictatorial que nos ha demostrado no dudar en imponer por la vía de la fuerza, revestida de ropaje legal, sus criterios e intereses, sin importarle lo más mínimo las necesidades y opiniones de los ciudadanos. Y esto, no lo dudemos, supone el primer paso al totalitarismo, aunque se vista de democracia formal.