Quousque tandem...
... abutere, Catilina, patientia nostra...
Es quizá la cita más manida de la histórica denuncia pública de Cicerón contra su enemigo, Catilina, hoy erigido en un auténtico símbolo de la falta de probidad pública.
Rehuyendo mitificaciones sobre lo óptimo o pésimo de los antiguos, que como buenos humanos que eran también dispondrían de su amplia escala de grises, lo cierto es que el pasaje goza de rabiosa actualidad. Una actualidad en todo modo desdichada, pues no es sino la constatación de la humillación de un poder del Estado, el único servido por profesionales independientes que trata, unas veces con más acierto que otras, de proporcionar una atención al ciudadano.
Un poder que en fecha reciente está siendo tanto raptado de sus más elementales atribuciones -juzgar hechos conforme a Derecho- como vejado entre anglicismos de "lawfare", que, amén de un aforismo estúpidamente pretencioso, esconde la autoritarísima pretensión de que un hombre se coloque por encima de otro en su relación con el poder público.
No pretendo en estas líneas hacer un panegírico de la Justicia española, que sus muchas y variadas deficiencias tiene, pero que indudablemente trata de atender al ciudadano en la medida de sus posibilidades, de acuerdo con unas máximas de igualdad y objetividad en la aplicación de la norma. Es por ello que el acuerdo publicado, cuyos términos no repetiré por públicos y reiterados, supone hacer una cosa risible del trabajo de todos los funcionarios públicos -gestores, tramitadores, auxilios, LAJ, fiscales y jueces- que dentro de su falibilidad tratan de cumplir con una de las misiones más difíciles que puede afrontar una persona, que es hacer justicia entre sus iguales.
Se transmite asimismo con este acuerdo a la ciudadanía un mensaje de alienabilidad de quienes los habrán de juzgar cada vez que tengan un problema jurídico, lo cual tiene por coralario la absoluta desmoralización del español de a pie. En este mismo sentido, si nadie intramuros o extramuros del mundillo jurídico duda de cuál será la resolución del TC en los procesos constitucionales que se vienen en un tema digamos que al menos polémico; ¿qué esperanza se le está dando al ciudadano que tiene un despido, un problema con su alquiler o con su banco? ¿ Con qué legitimidad moral se adoptan medidas ejecutivas y se hace cumplir coactivamente lo judicialmente probado?
Todo ello lleva a la suspicacia -o a veces a la certeza- de que detrás de cada Zoom que se cae, de cada notificación que no llega, de cada funcionario cuya baja se queda sin cubrir, se esconde un trato del Ejecutivo a caballo entre el desdén y la animadversión, toda vez que merced a un sistema no especialmente garantista con la separación de poderes, es precisamente él quien ha de dotar de medios a quien es el único capaz de fiscalizarle.
Para concluir este desacostumbrado pregón, sólo quisiera mandar un mensaje al menos mínimamente esperanzado al justiciable español; que ha de saber que la realidad de los Juzgados españoles, que poéticamente podríamos describir como un piélago de legajos, en nada se compadece con el "lawfare" -velada acusación de corrupción, cobarde por velada y por cobarde, deliberadamente ambigua-, sino antes bien por una serie de personas que, entre togas, estrados y tomos, tratan de traer algo de Justicia al mundo.
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