La proposición de ley de amnistía y nuestros diputados
El 9 de noviembre de 2023 se ha firmado el acuerdo PSOE-Junts en el que afirman que contribuirá a "resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya"y realizan un sesgada interpretación de los sucesos acaecidos desde la aprobación del nuevo Estatuto catalán, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, la que denominan interesadamente "consulta popular del 9 de noviembre de 2014" -que en algún círculo periodístico se le llamó-y la aplicación del artículo 155 CE con la celebración de nuevas elecciones.
Tras esa introducción, dicen que este acuerdo viene a afrontar una "oportunidad histórica" para alcanzar una solución a un conflicto que, afirman, "sólo la política en democracia puede encauzar", y para ello, Junts propondrá -y el PSOE acepta- la celebración de un referéndum de autodeterminación para el reconocimiento nacional de "Catalunya"; una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas-LOFCA- con el establecimiento de una cláusula de excepcionalidad en el sistema de organización estatal y permite la cesión del 100 por 100 de los tributos. Por su parte el PSOE apostará por medidas que permitan el acceso al mercado (Español) de Cataluña, así como un estudio sobre la singularidad catalana en el modelo de financiación y un plan para facilitar el regreso de las empresas que cambiaron su sede, abandonando la Comunidad catalana.
Como guindas del pastel, acuerdan impulsar la participación directa de "Catalunya" en la Unión Europea y ¡¡¡tatachán!!!: la aprobación de una ley de amnistía para procurar la que llaman "plena normalidad política, institucional y social". Ley que se aplicará tanto a los "responsables como a los ciudadanos"-es decir, a los golpistas intelectuales y materiales- que antes y después de los remedos de consulta y referéndum de 2014 y 2017, hayan sido condenados.
Ya se conoce el borrador de la proposición de ley de amnistía, por la que quedarán amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa realizados desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley, cualesquiera que sean su denominación y contenido, avergonzando además a las fuerzas de seguridad del Estado al incluirlos por las inicuas causas iniciadas por su intervención en la aplicación del artículo 155 CE.
Aunque el preámbulo reconoce que la Constitución no contempla la amnistía, realiza un funambulismo de equivalencia con el derecho de gracia del artículo 62 i), y viene a "esperar" implícitamente la sentencia del Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido confirmatoria de la "constitucionalidad socialista" de tal norma.
Antes de someter a consideración de ese Tribunal de ¿¿Garantías?? el recurso frente a la ley de amnistía, tal norma ha de ser aprobada por las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), aunque el peso de tal aprobación corresponde al Congreso.
Si tenemos en cuenta que la aprobación de la ley viene determinada por el voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez, de los separatistas catalanes, ERC y sobre todo Junts, es decir, condicionada al fin por cinco míseros votos de congresistas, puesto que los comunistas de Sumar/Podemos, PNV, etc., ya están comprados, me gustaría fijarme en la presencia asturiana en el Congreso de los Diputados.
La representación de los asturianos está formada por 7 diputados: 3 del PP; 2 del PSOE; 1 de Sumar, y 1 de Vox. Estos son sus nombres: Esther Llamazares (Oviedo, 1970); Mercedes Fernández (Gijón, 1960); Silverio Argüelles (Llanera, 1976); Adriana Lastra (Ribadesella, 1979); Roberto García Morís (Siero, 1982); Rafael Cofiño (Gijón, 1969), y José María Figaredo (Gijón, 1988).
En nuestro nombre tienen la facultad de impedir la aprobación de una norma existencialmente inmoral; injusta, destructora del Estado de Derecho, de la democracia, la libertad, la unidad de España, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y facilitadora del paso hacia un régimen totalitario, pues, como afirma San Agustín en "La ciudad de Dios", si no se respeta la justicia, ¿qué son los estados sino grandes bandas de ladrones? Los ciudadanos a corto plazo y la Historia los juzgarán por su comportamiento ante esa felonía.
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