Lawfare

Que el “lawfare” existe no lo discute nadie. Nadie que, aunque solo por curiosidad, se haya adentrado en la maraña de algunos (o muchos) procesos o demandas judiciales. No solo es una evidencia actual sino también histórica. Desde Sócrates a António Costa, pasando por Pablo Iglesias, Lula, Victoria Rosell, Demetrio Madrid, Rafael Correa, Mónica Oltra, Dilma Rousseff...y un interminable número de procesos “legales” como arma política. Por su actualidad y descarnadas consecuencias, el lawfare aplicado al ya ex primer ministro de Portugal, António Costa, podría ser el más sangrante ya que nada más presentar su dimisión, el fiscal del “caso” ha pedido perdón por confundir el nombre del primer ministro y el juez encargado del caso ha dejado en libertad a los supuestos implicados. El daño ya está hecho (¿daño?). El presidente de la República (de derechas) en lugar de proponer un nuevo candidato a primer ministro dentro de las filas del Partido Socialista (ganador de las elecciones) ha convocado nuevas elecciones (las encuestas dan empate técnico entre socialistas y conservadores con la peculiaridad de que la extrema derecha conseguiría un buen resultado), ¿blanco y en botella?

Un día el sofista griego Protágoras se encontró con un estudiante, Euatle, que quería tomar lecciones de retórica con él, pero no tenía dinero para pagarle. Protágoras lo tranquilizó diciéndole: “No te preocupes, Euatle, tú aprende conmigo, y cuando ganes tu primer caso en los tribunales ya me pagarás”. Euatle aceptó la propuesta. Pasó el tiempo y Euatle no le pagaba lo acordado bajo el argumento de que no había ganado todavía ningún caso. Protágoras lo demandó judicialmente y antes de entrar al juicio le dijo a Euatle: “Pase lo que pase me pagarás lo que me debes. Si gano el juicio, te condenarán a pagarme. Y si pierdo, habrás ganado tu primer caso y me tendrás que pagar”. A esto Euatle respondió: “No, maestro. Pase lo que pase no le pagaré lo que le debo. Si gano yo, porque me habrán exonerado de pagarle. Y si pierdo, porque no habré ganado mi primer caso”. ¿Quién utiliza el derecho como un arma en esta historia, Protágoras o Euatle?

Y qué decir del propio Sócrates, que fue acusado de adorar a otros dioses y pervertir a los jóvenes, sus enemigos escogieron a una asamblea “ad hoc” para que fuera juzgado. El lawfare es tan antiguo como el derecho mismo.

Entre las “tácticas” modernas más comunes del lawfare están la manipulación del sistema legal para abrir proceso sin pruebas, difundir medias verdades para confundir a la opinión pública, dilatar los procedimientos (juez García Castellón, caso Puigdemont). Son innumerables los procedimientos abiertos en los últimos años para socavar a dirigentes de Podemos. Son innumerables también los casos que han llegado a los tribunales europeos anulando sentencias de los juzgados españoles.

No obstante, no podemos tirar hacia arriba y por extensión generalizar el lawfare a toda la judicatura, corruptos los hay en todas las profesiones y en todos los estamentos. De eso sabe mucho el PP: “Controlaremos la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás” (Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, a sus compañeros) o traer desde Roma (destino de lujo para cualquier juez) al juez García Castellón a la Audiencia Nacional (lo cuenta ampliamente Ignacio Escolar) para tenerlo a su servicio. O negarse a renovar el CGPJ (de mayoría conservadora), aunque sea a costa de su desprestigio nacional e internacional.

Las consecuencias de esta práctica son letales para supervivencia de la democracia ya que toca el corazón mismo de todas las Constituciones y pervierte la voluntad popular. Las víctimas del lawfare son apartados del poder. Poder al que llegaron por la voluntad popular. No hay mayor burla a la democracia que esos finales. No obstante, hay que seguir insistiendo que al igual que afirmamos que el lawfare existe en España (quizá demasiados casos), habrá que insistir también en que no todo el poder judicial está manchado por el lawfare. Por ello, fue una gran imprudencia que el PSOE, en sus negociaciones con Junts, abordara el tema y estuviera a punto de plasmarlo en un documento negociado (por suerte no ocurrió). En otras palabras, yo puedo, como cualquier ciudadano, hablar de ello, denunciarlo en virtud de mi libertad de expresión, pero dos partidos políticos que negocian para alcanzar un pacto de investidura no pueden hacerlo y menos aún abrir la puerta para crear una comisión de investigación en el Parlamento, sobre el Lawfare, lo que, de facto habría supuesto “revisar sentencias judiciales”. Jordi Nieva, catedrático de Derecho, lo ha expresado de manera meridiana: “El acuerdo de investidura de JxCat y el PSOE alude a este término de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario”... Las aguas han vuelto a su curso, al de política y la separación de poderes... cada mochuelo a su olivo.