En apoyo a la madre de Sheila
Es muy común en los tiempos que corren que cualquier pedorra sea calificada como «madre coraje» después de pedir la paternidad de un vástago en uno de esos programas del hígado que ahora proliferan en todas las televisiones.
Después de beneficiarse al famoso de turno, cuando no también a toda su cuadrilla, llora sus penas amargas de plató en plató, trincando pasta por supuesto, siendo jaleadas por el personal, que también come de semejante bodrio informativo.
En estos días, la señora doña Julia Fernández, madre de Sheila Barrero, la joven asesinada en Degaña en el año 2004, se ha visto en la obligación de acampar delante de la Audiencia para reclamar que el «caso Sheila Barrero» sea reabierto.
Se cumplen cinco años del asesinato y un año del sobreseimiento, y la Justicia ha dado carpetazo al asunto. No puedo entender cómo se pueden dar por sobreseídos casos no resueltos. La Justicia es el medio a través del cual los ciudadanos deberíamos sentirnos amparados. Desgraciadamente no es así.
¿Cómo se puede dar carpetazo a un asesinato por falta de pruebas? ¿Es posible que jueces y fiscales se acuesten por la noche sin ningún rubor y duerman a pierna suelta cuando hay familias destrozadas que han perdido un ser querido y se les priva del derecho de ver entre rejas al asesino para que, al menos, nos siga haciendo daño a otras familias? ¿Tiene una madre rota de dolor por el asesinato de una hija que acampar ante la Audiencia para pedir Justicia?
Sheila no se pegó un tiro sola, fue asesinada, y, desde luego, por el bien de la sociedad el criminal debe aparecer. Jamás debe cerrarse este caso, ni ningún otro por falta de pruebas.
La ineficacia de una Justicia chabacana genera muchos «padres y madres coraje». Como el padre de Jerez, quien consiguió grabaciones que no pudieron ser utilizadas en el juicio por ilegales.
Creo que por higiene social no se debe dejar ningún caso sin resolver, y son precisamente jueces y fiscales quienes más hincapié deben hacer en ello.
Los señores jueces tienen el mismo derecho a impartir justicia como a ir de huelga, incluso con justificaciones tan peregrinas como la de una mayor inversión... Parece que la sanción impuesta a uno de sus colegas, el juez Tirado, no ha tenido nada que ver. Es posible que entre sus puntos reivindicativos no conste el de trabajar por cada caso no resuelto por falta de pruebas. Muy seguro que otro de los puntos reivindicativos no será, por supuesto, la supresión de sobreseimientos.
Seguro que los Juzgados tienen carga de trabajo, falta de personal, etcétera...
Yo me pregunto si, al menos temporalmente, personal que está en listas de desempleo no podrían acceder a trabajar en los Juzgados en trabajos de cualificación específica evidentemente con el fin de agilizar los trámites que empachan la administración de Justicia.
Y desde el Ministerio de Justicia ¿qué se dice? En este país hay un Ministerio de Justicia presidido por un ministro de Justicia el señor Bermejo... ¿Dónde está el señor Bermejo? ¿Y el Consejo General del Poder Judicial? Con estas premisas demuestran ser un grupo de amiguetes que se protegen unos a otros.
Este país se merece seriedad. Pagamos impuestos americanos y recibimos servicios africanos; no es posible que la seguridad de las personas dependa de que al juez de turno se le olvide enviar al presunto criminal o asesino a la cárcel o de que no vea pruebas concluyentes y en vez de seguir investigando cierre los casos por falta de pruebas y por falta de ganas.
Es triste que este tipo de negligencias forme «padres y madres coraje». La Justicia es un bien social, es un derecho constitucional cuyo fin es dar seguridad a los ciudadanos y deseamos que se tomen cartas en el asunto. Que nunca más ningún padre o ninguna madre tengan que pedir aquello que es un derecho por ley.
Desde aquí, mi apoyo a Julia, a su familia y a todas esas madres y padres que piden justicia para sus hijos asesinados, ya que por desgracia no son caso único.
Unos padres y madres que sí tienen verdaderamente «coraje».
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