Suspenso en dependencia

La valoración emitida en el VI Dictamen del Observatorio de la Dependencia –organismo independiente integrado por directores y gerentes de Servicios Sociales de toda España– pone de manifiesto que la política de atención a la dependencia desarrollada en Asturias en los últimos años presenta serias carencias.

Esta valoración particular no puede escapar de una valoración general del desarrollo de nuestro Sistema de Atención la Dependencia, denominado no sin razón el cuarto pilar del Estado del bienestar. Y es que en UPyD entendemos que a diferencia de lo que se viene construyendo, sería muy importante que este sistema se constituyese en un verdadero sistema nacional de atención a la dependencia que garantice una financiación suficiente, una cartera de servicios homogénea, un nivel similar de copago en función de la renta, un mismo tratamiento a los emigrantes retornados, etcétera., algo que ahora no existe.

Las conclusiones de este dictamen avalan esta necesidad, no hay un único sistema, sino 17, con resultados y actuaciones dispares. Se pone de manifiesto cuando al hablar de algo tan importante como la financiación, textualmente señala: «En el momento actual el problema de la financiación no es tanto el volumen total de recursos, sino los criterios de distribución de la financiación estatal a las comunidades autónomas, y los mecanismos de control sobre el gasto real».

El situar la atención a la dependencia dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social garantizaría la existencia de un único sistema que aseguraría igualdad y equidad en el trato a los ciudadanos, poniendo fin a las sangrantes diferencias cualitativas que este VI Dictamen resalta. Sin embargo, hasta la fecha se ha optado por construir un sistema muy opaco que potencia desigualdades y desaprovecha recursos. No es admisible que se mantenga la financiación en función de los dictámenes emitidos y no de los servicios prestados, potenciando enormes diferencias interterritoriales, con comunidades que están claramente sobrefinanciadas con relación a los servicios que prestan y otras que están abonando más de lo que les corresponde –el caso de Canarias es escandaloso, recibe fondos para 14.052 personas y sólo atiende a 5.012–. Ni son admisibles tampoco la disparidad de modelos, la opacidad de los datos y la ausencia de un sistema de seguimiento financiero unificado que impide conocer la aportación real de cada comunidad al sistema.

También se impone la actuación coordinada con la red sociosanitaria por razones de eficiencia en la intervención social, algo que ahora no se produce, y la integración en la gestión de los ayuntamientos, que deberían constituirse en la verdadera piedra angular de todo el sistema de Servicios Sociales –también de la dependencia–, ya que son las verdaderas puertas de entrada al sistema protector.

En UPyD creemos, y así lo hemos trasladado a nuestro programa, que es preciso facilitar la prestación de servicios que faciliten la permanencia del dependiente en su entorno, como elemento que favorece una mejor calidad de vida y que, frente al internamiento en residencias, posibilita un ahorro de recursos que deberían destinarse a la mejora de los servicios de proximidad y especialmente a la atención domiciliaria no solo de cuidados personales, sino con todo tipo de programas (desarrollo funcional, ocupacional, ayudas técnicas…).

Seguramente también resultará necesario replantearse las prioridades en el calendario de implantación de la ley para que pueda darse la debida cobertura a los niveles de protección más urgentes de atención, sin levantar falsas expectativas que dañan la credibilidad del sistema.

Igualmente, deben revisarse los niveles de copago para hacer sostenible el sistema. Las previsiones de la propia ley contemplaban que comunidades autónomas y Administración General del Estado (AGE) aportasen igual cantidad a la financiación del sistema y que la tercera pata estuviese constituida por el copago de los usuarios; sin embargo, el Observatorio detecta un importante desequilibrio en las distintas aportaciones (en total nacional: 38,2% las comunidades autónomas, 45% AGE y 16,8% los usuarios).

En lo tocante a Asturias, el suspenso viene determinado por tres cuestiones que responden a defectos claros de gestión y que exigen optimización de los recursos y mejor organización.

La primera, la información disponible, carecemos de un sistema de información en tiempo real sobre la situación de un expediente a lo largo del procedimiento, y no existe seguimiento alguno de cada caso. Es necesario, por tanto, aumentar la transparencia para conocer la situación real de la aplicación de la ley y para mejor atender cada situación, por eso el desarrollo definitivo del sistema de información del servicio de atención a la dependencia es prioritario.

En segundo lugar, la tendencia en el último año a incrementar el número de pagas a cuidadores familiares en detrimento de la prestación de servicios, cuya generalización es contraria a la excepcionalidad marcada por la propia ley y es un factor que va en detrimento de la calidad de la prestación del servicio, desaprovecha recursos ya existentes e impide la creación de los puestos de trabajo que esta nueva ley auguraba, propiciando, además, el mantenimiento de una importante bolsa de empleo sumergido.

Finalmente, lo más sangrante, el gran aumento de lo que el propio dictamen denomina el «limbo de la dependencia», en el que se encuentran en Asturias 4.486 personas –el 25,7% del total de los 17.450 expedientes ya cerrados–, las que llevan de media más de seis meses a la espera de que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda les dé la atención a la que tienen derecho, es decir, uno de cada cuatro asturianos con grado y nivel suficiente de dependencia reconocido continúa por un tortuoso camino de gestiones y esperas sin recibir la atención que legalmente le corresponde, y ello sin contar con el largo proceso de valoración y elaboración del plan de atención que ya ha tenido que padecer. Estamos ante una ralentización de la aplicación de la ley por la vía de hecho –aunque oficialmente se diga otra cosa–, llevada a cabo a costa de defraudar a personas a las que primero se les genera la expectativa y luego se las coloca en el cajón de la espera indefinida.

En definitiva, frente a la autocomplacencia y la propaganda que tristemente ha rodeado los anuncios de la ley de dependencia, y aun reconociendo los esfuerzos realizados para consolidar un sistema de protección absolutamente novedoso en nuestro país, este dictamen viene a poner el dedo en la llaga sobre la necesidad de acometer las importantes reformas que España necesita. Si queremos sostener el Estado del bienestar es necesario optar por la racionalización, la coordinación entre administraciones y la optimización de recursos, tampoco las políticas sociales se pueden gestionar como si de un compartimento estanco en el mar de la política general se tratase. Políticas que en Asturias han servido como justificación para el mantenimiento de un Gobierno de coalición que a la luz de estos datos debería cuestionar sus objetivos y sus logros, y es que, como el propio Observatorio apunta citando a Antonio Machado: «La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero».

J. Ignacio Prendes

Candidato por UPyD a la Presidencia del Principado de Asturias