¿Qué estamos haciendo mal?

El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha no es casual: fue elegida por la Asamblea General de la ONU para conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana a manos del dictador Rafael Leónidas.

Desde aquella Resolución de la ONU, el 17 de diciembre de 1999, hasta nuestros días, el avance tanto en visibilización del problema como en la implementación de políticas públicas es indudable. En nuestro país se crea el Observatorio contra la Violencia Doméstica en el año 2002, se ponen en marcha las órdenes de protección como nueva herramienta para proteger a la víctima, tenemos una ley de Protección Integral contra la Violencia de Genero, juzgados especializados, la línea 016, las Unidades de Familia y Mujer como unidad especializada dentro de la Policía Nacional, turnos de oficio especializados para asesorar a las víctimas, una ley de Igualdad e, incluso, un gran pacto de Estado para atajar la violencia machista (con lo difícil que es en este país lograr este tipo de acuerdos…).

Ahora bien, pese a ello, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las mayores lacras de nuestro tiempo y, sin duda alguna, una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo.

No voy a dar datos numéricos, otros muchos más documentados que yo lo harán durante estos días. Lo que quiero es poner el foco en un aspecto de la violencia de género muy preocupante: el aumento más que significativo de este tipo de violencia entre niñas y adolescentes. Que todas las medidas y políticas a las que antes me refería no solo no hayan conseguido que los jóvenes tomen conciencia del problema, sino que han llegado a considerar que la violencia de género es un “invento ideológico” evidencia que estamos haciéndolo muy mal, edificando sobre cimientos dañados.

Está claro que no hay una única causa para la violencia de género en adolescentes: es una concatenación de causas, pero todas ellas tienen como punto que las une la educación: en la familia, en el centro escolar y en la comunidad.

Hay una clara dificultad de los padres para ejercer autoridad en la educación de los hijos: tratamos a nuestros hijos como si fuesen amigos y nos olvidamos de que no somos sus colegas, sino que nuestra función es la de guías, somos la autoridad que debe ponerles límites y enseñarles patrones de conducta adecuados. Si nosotros desatendemos esta importantísima función, encontrarán otros modelos en redes sociales, en televisión, en grupos conflictivos, etcétera. Debemos educar en el respeto, en la empatía, fomentar vínculos de igualdad en el seno de la familia, apuntalar su autoestima y, por supuesto, ser el modelo, el adulto en el que nuestro hijo se quiere convertir.

En el ámbito escolar, debemos realizar programas de prevención, ser implacables con los focos de violencia en las aulas, afianzar la autoridad del profesor, al que no debemos cuestionar, y garantizar el acceso a la educación de todos porque solo con educación lograremos resolver este problema. La pandemia y los sucesivos confinamientos han venido a poner la puntilla al problema: encerramos a los jóvenes en sus domicilios, olvidando que hay situaciones de maltrato y abuso en el hogar que dejan en ellos huellas difíciles de borrar.

¿Y qué pasa con la comunidad? Debemos superar la llamada “Teoría del monstruo”: asistimos en los últimos años a campañas de publicidad e institucionales que hablan permanentemente de los chicos/hombres en negativo, indicándoles lo que no deben hacer sin ofrecerles alternativas y nuevos modelos de conducta (“nuevas masculinidades”), monstruos agresores con los que los chicos no se identifican provocando con ello que piensen que esto de la violencia de género no va con ellos, porque ellos no son así (no pegan, no matan, no agreden…).

Tenemos que fomentar políticas de igualdad, dotar a las jóvenes de armas que las permitan ser dueñas de su destino, empoderarlas. Desde Mujeres de Empresa trabajamos para ayudar a las jóvenes emprendedoras a poner en marcha sus proyectos con el convencimiento de que una mujer económicamente independiente es una mujer más libre y, por tanto, menos expuesta al maltrato.

En definitiva, debemos seguir profundizando en la implementación de políticas públicas de igualdad y prevención, pero debemos tomar conciencia clara de que “todo comienza en casa” y en cada uno de nosotros. No debemos fiarlo todo al poder público porque entonces estaremos tapando grietas que los cimientos dañados harán resurgir periódicamente.